La lucha por los derechos de las mujeres en México no terminó con el acceso al voto o a la educación, es un proceso constante que plantea nuevas necesidades y en el que colectivas feministas encabezan movimientos para erradicar la violencia y garantizar una vida plena para ellas y sus familias.
En los últimos años, a través de legislaciones, se penalizan expresiones de violencia – ácida, alimentaria, contra la privacidad, entre otras – que afectaron a las mujeres durante décadas en nuestro país.
Estas son las legislaciones que en años recientes se aprobaron en México y amparan a las mujeres, a sus infancias y a su integridad.
Mujeres víctimas que han inspirado leyes: Ley Sabina
Esta ley tuvo su origen en la lucha de una madre llamada Diana Luz Vázquez, quien impulsó con todos los recursos legales – entonces inexistentes – que su expareja cumpliera con sus responsabilidades económicas y de paternidad con su hija Sabina.
Por la ley Sabina se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y quienes no cumplan con ellas durante 90 días, aparecerán en ese listado que es público.
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Estas reformas de acceso a derechos alimentarios para las infancias entrará en vigor en todo México este 2024 y en Puebla se aprobó el 23 de marzo de 2023.
Ley Olimpia
Se trata de la legislación que impulsó la acitvista poblana Olimpia Coral Melo con la que se castiga y tipifica la violencia digital, especialmente la difusión de imágenes y videos íntimos sin consentimiento.
La legislación nació a partir de la propia experiencia de violencia digital de la activista y ante la que no tuvo respuesta pues no había leyes para ello.
En Puebla se aprobó en marzo de 2019 y desde julio de 2023 es ley en todo el país y ya está vigente en 29 entidades de México, las sanciones son de tres a seis años de prisión quienes la incumplan así como multas económicas de hasta mil unidades de medidas y actualización.
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Ley Monzón
Toma su nombre de la activista Cecilia Monzón, víctima de feminicidio (21 de mayo de 2022) ordenado por su expareja y padre de su hijo menor de edad, el político Javier López Zavala, actualmente en prisión.
Esta ley suspende los derechos de patria patria potestad a los feminicidas o vinculados a proceso por este delito. Se aprobó en Puebla el dos de marzo de 2023 y avanza para su aplicación en otros 17 estados.
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Ley Malena o Ley Ácida
María Elena ‘Malena’ Ríos era una joven saxofonista cuando se convirtió en víctima de violencia ácida pues le arrojaron sustancias corrosivas dos hombres, a quienes les pagó el exdiputado Juan Carlos Vera.
A pesar de las heridas que sufrió, Malena resurgió de ese episodio para impulsar que se castigará con rigor la violencia ácida.
La Ley Malena entró en vigor el 20 de febrero de 2024 y da penas de hasta 40 años de cárcel a quienes agredan con líquidos corrosivos a las mujeres. Se aprobó en Puebla el 2 de marzo de 2023 siendo el primer estado en contar con esta legislación.
Ley Monse
El feminicidio de Monserrat Bendimes – 23 de abril de 2021 – expuso y recalcó un problema de la violencia machista en México: el encubrimiento.
Cuando Monse murió tras la golpiza que le propinó su novio Marlon Botas, él estuvo prófugo durante un año, pues sus padres – Diana y Jorge Ignacio – lo encubrieron, aunque la autoridad determinó que fueron cómplices en su fuga, el código penal en Morelos, donde ocurrió este caso, no contemplaba una verdadera sanción para ellos como encubridores.
Colectivas y feministas lucharon por la Ley Monse que castiga hasta con 10 años de cárcel y multas económica que llegan a mpas de 200 mil pesos a quienes encubren a feminicidas. En Puebla se aprobó el cinco de octubre de 2023, van seis estados en aplicar esta legislación.
Ley Ingrid
El 9 de febrero de 2020, en Ciudad de Méixco, Ingrid Escamilla fue víctima de dos delitos: feminicidio y la difusión de las fotos de su cuerpo sin vida en la prensa.
Ingrid perdió la vida a manos de su expareja sentimental Erick Francisco quien cumple una pena de 70 años de prisión por este asesinato, pero el caso de la joven – originaria de Puebla – impulsó una legislación para castigar la divulgación de fotografías o material que exhiba a las víctimas de asesinato.
La legislación se aprobó el 23 de marzo de 2022. Por incumprila se sanciona con cuatro hasta 10 años de prisión así como multas de 100 a 150 días UMAS.