Más que preocupado por la sucesión en la Rectoría de la BUAP, el tío Poncho -como le dicen sus cuates- debe estarlo porque las autoridades ministeriales y judiciales tienen en la mira a familiares directos, implicados presuntamente con el desvío de recursos desde la universidad.
Alfonso Esparza tiene los días contados como mandamás en la institución pública, 13 para ser precisos. Después de ese tiempo, no podrá usar más a los universitarios como escudo para salvar su pellejo.
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Cinco son sus prestanombres que están en prisión, detenidos entre octubre de 2020 y lo que va de 2021, procesados por su participación en el desvío de recursos durante los ocho años que tío Poncho fungió como rector de la Universidad Autónoma de Puebla.
El pasado 13 de septiembre le adelanté en este espacio que un juez libró en este mes una orden de aprehensión contra su hija Luza, por el delito de lavado de dinero.
Policías ministeriales pueden ejecutar en cualquier momento el mandamiento judicial, a menos que la joven haya salido de Puebla o del país.
Fuentes judiciales adelantaron a este reportero que ahora se giró una orden de aprehensión contra Josefina, su pareja sentimental.
De la complicidad de Josefina con Alfonso nada se había dado a conocer, o al menos los medios ocultaron la participación en los negocios de este señor.
Las declaraciones ministeriales de los cinco prestanombres presos son claves, pues varios de ellos ‘cantaron’ y no precisamente rancheras.
Las autoridades ministeriales han revelado la la red de operación de empresas fantasma para desviar dinero desde la universidad, al menos hasta antes de 2019, año en que reventó el escándalo de la corrupción y el lavado de dinero desde esta institución.
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Alfonso tiene muchas cuentas pendientes con las autoridades ministeriales, sino cae él, será uno de sus familiares más cercanos.
El 6 de octubre de 2020, MTPNoticias publicó un reportaje documentado del uso de 126 empresas clasificadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que fueron usadas posiblemente para lavar dinero en el periodo de 2015 al 2019 desde la BUAP.
En el rectorado de Alfonso Esparza Ortiz fueron timbradas 4 mil 515 facturas o CFDI ilegales a través de los cuales la BUAP firmó contratos por 257.4 millones de pesos.
El 22 de octubre, tras las investigaciones de MTPNoticias, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) presentó tres denuncias penales en contra del rector de la BUAP Alfonso Esparza Ortiz y cuatro servidores públicos de primer nivel de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Los delitos por los que fue denunciado son operaciones simuladas, abuso de autoridad y tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
Después del 4 de octubre, cuando rinda protesta la nueva rectora o rector en la BUAP, Alfonso Esparza deberá contratar a los mejores abogados o esconderse, porque el poder de la universidad no lo salvará de enfrentar sus cuentas pendientes con las autoridades ministeriales y judiciales.