Las últimas horas han sido claves para quienes no habían entendido que el gobierno de Miguel Barbosa va en serio contra los corruptos en Puebla.
Muchos lo podrán interpretar como “persecuciones políticas”, pero, ¿quién en estos momentos mete las manos al fuego por quien fuera auditor, Francisco Romero?, o por Guillermo Aréchiga, exsecretario de Movilidad y Transporte, acusado de haber vendido concesiones de transporte público a particulares, de agosto de 2019 a marzo de 2021, periodo en el que permaneció en el cargo.
Y qué decir de Juan Carlos Fernández Jasso, director de Museos en gobierno de Antonio Gali Fayad (2017-2018), también detenido este lunes por su supuesta participación en saqueo de colecciones de arte, patrimonio del estado.
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Lo tres cayeron en desgracia por presuntamente haber abusado de su posición como funcionarios públicos. Son investigados por actos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.
Con ellos tres, suman en la lista de exfuncionarios detenidos por gobierno de Barbosa más de 20 personas, servidores públicos de todos los partidos políticos, incluido Morena.
Barbosa es el primer gobernador en la época moderna en poner el ejemplo de meter a la cárcel a uno de sus funcionarios por “corrupto“.
Un gobernador que no le tiembla la mano, aunque se trate de sus simpatizantes o compañeros de partido, que no le importa el qué dirán o que lo acusen de “persecución política”.
Sabemos que no titubea en buscar la justicia contra quienes abusaron de sus cargos, y por ser una de las detenciones más esperadas en este 2022, esperamos que ahora sí den con Alfonso Esparza Ortiz, el exrector que desvió mínimo 671.6 millones de pesos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
A lo largo del año 2021, MTPNoticias dio detalles sobre el presunto lavado de dinero que encabezó Esparza junto a una red que involucra a una veintena de operadores financieros y prestanombres, incluidos su esposa, hijos, hermanos y su pareja extramarital.
Dimos detalles de cómo desvió 52.3 millones de pesos a través de María Isabel, su novia, o cómo adquirió al menos 15 propiedades, entre departamentos, residencias y terrenos, los cuales “donó” a su esposa e hija.
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Gracias a la serie de reportajes publicados en este portal de noticias, siete de los presuntos cómplices del exrector de la BUAP, entre ellos su contador de nombre Jorge Torres, están en la cárcel.
