El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, corrigió al presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, quien justificó este 21 de agosto que la ley permitió reclasificar el delito de violación por estupro cuando la menor está a una diferencia de tres años de cumplir mayoría de edad.
“El animal éste (Ramón) tiene 48 años. La niña violada hoy tiene 16 años, los tres años que se ha hablado por parte del Poder Judicial a lo mejor lo están contando a partir de la edad que tiene hoy la niña, pero no señores del Poder Judicial, es cuando ocurren los hechos y los hechos ocurrieron hace dos años”, destacó el gobernador Miguel Barbosa al recriminar cómo se ha juzgado el caso de Andrea.
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Y es que el juez del distrito de Huauchinango, Lucio Mata, aceptó la versión de la defensa de Ramón, entorno a que no hubo violación en agravio de la menor porque era una relación consentida, producto del que nació una niña.
Sin embargo, Andrea tenía 14 años cuando Ramón, presuntamente, la atacó sexualmente al grado de embarazarla.
“Señores del Poder Judicial y dan por hecho que son relaciones consentidas, entre una niña (…) y un hombre de más de 40 años, con toda la autoridad, sometimiento, que puede ejercerse desde una posición de supuesto padre”, dijo el gobernador.
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Además, Miriam, la madre de Andrea, ha acusado tráfico de influencias en el caso porque Ramón tiene a su hermano Celestino como juez en el distrito de Zacatlán, señalamiento que ha sido aceptado por el Poder Judicial por lo que ya investiga si el actuar del juez que determinó el caso actuó conforme a derecho.
El gobernador hizo un llamado al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura para que “asuma la investigación de este caso”. “No hay que agraviar tanto a la sociedad”, dijo.
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El caso de Miriam y sus hijas
MTPNoticias ha dado cuenta que Miriam denunció en marzo de este año a Ramón tras llevarse a Andrea, la niña de un año que tuvo con ella, así como otra hija que procreó con Miriam.
Desde entonces ha emprendido una lucha jurídica en la que ha sido revitalizada desde el Ministerio Público de Huauchinango en donde no querían atenderla, hasta un abuso sexual que sufrió por parte de un asesor jurídico que le habían asignado.
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Ahora, exige que Ramón sea encarcelado, pues teme por su vida porque ha sido amenazada de muerte mientras que sus dos hijas y su nieta están al resguardo del Sistema Estatal DIF.
Por Julieta Cerezo/ @julietacerezo
