Norma Herrera
A la par de que el robo de hidrocarburo incrementó en el Estado, los presidentes municipales de diferentes municipios se fueron involucrando en el negocio. Algunos fueron detenidos por su presunta participación en distintos delitos, otros lograron su libertad y algunos más, fueron señalados o quedaron rebasados por el crimen organizado.
Una de las detenciones polémicas que llamó atención nacional fue la de Pablo Morales Ugalde quien hasta el 6 de julio del 2017 era alcalde en Palmar de Bravo –en el centro del triángulo rojo– acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de operaciones con recursos de procedencia ilícita, principalmente proveniente de venta de gasolina robada y con dinero desviado del Ayuntamiento.
En contraste, Rafael Ávila fue señalado por ser un edil huachicolero. Sin embargo, tras un operativo realizado por las fuerzas federales en el municipio de Venustiano Carranza –en la Sierra Norte- sólo detuvieron a su esposa Ilse, la presidenta del DIF, por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
MTPNoticias recopiló estos casos en los que los políticos no salieron bien librados de sus gobiernos para los que fueron electos para el periodo (2014-2018).
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El presidente que fue relacionado con ‘El Bukanas’
El primero que cayó en marzo de 2017, cuando el actual gobernador Antonio Gali Fayad emprendió una embestida contra los traficantes de gasolina fue el entonces alcalde de Atzizintla, José Isaías Velázquez, acusado de asociación delictuosa y presunto cómplice del asesinato de tres agentes ministeriales.
Fue señalado por las autoridades locales de haber protegido a Roberto de Los Santos ‘El Bukanas’, un sujeto identificado como un capo huachicolero en los municipios que limitan con Veracruz, aunque desde entonces anda prófugo de la justicia.
En ese operativo que fue denominado Encrucijada detuvieron 86 personas, incluido Velázquez, aunque poco a poco la mayoría fue recuperando su libertad. Incluso, el exedil perredista logró su libertad en septiembre pasado en total sigilo tras 18 meses de estar en una prisión de mediana seguridad en Tepexi de Rodríguez.
El ex edil fue acusado por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la administración y procuración de justicia.
Un alcalde que vendía hidrocarburo robado en sus gasolineras
La detención de Pablo Morales Ugalde ya se preveía desde mayo del 2017 cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) le rescindió el contrato a tres de sus gasolineras tras una auditoría por parte de Inteligencia Financiera y el SAT en el que detectaron venta de hidrocarburo robado.
Fue hasta el 6 de julio cuando el militante del PSI fue detenido en su oficina por agentes de la Marina y según información de la PGR, operó de manera ilegal al menos 20 millones de pesos.
Fue señalado de adquirir, administrar, poseer, depositar, retirar, dar o recibir recursos presuntamente desviados del municipio y provenientes de la venta de combustible robado, en sus gasolineras.
Durante su administración en Palmar de Bravo (de enero de 2014 a julio de 2017) el número de ejecuciones incrementó y los enfrentamientos entre huachicoleros también. Incluso en los operativos se detectaron casas instaladas sobre ductos de Pemex en las que bastaba abrir una llave para ordeñar los ductos.
El edil fue llevado a un penal veracruzano, en donde continúa su proceso legal.
Entre el cacicazgo y el huachicol
Las investigaciones por tráfico de gasolina alcanzaron a la familia Valencia Ávila, que durante una década ha gobernado el municipio de Venustiano Carranza.
De hecho, este 15 de octubre inicia el cuarto periodo consecutivo en el que un integrante de esta familia será alcalde.
Las autoridades pusieron la mira aquí luego de que la madrugada del 7 de octubre la esposa del actual presidente municipal, Rafael Ávila Valencia, Ilse Lucía, fuera detenida en su casa junto con otras dos personas, en un operativo de la Policía Federal, en el que se hallaron 50 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, seis armas de fuego, autos de lujo, además de un centro de monitoreo.
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La mujer fue vinculada a proceso el 14 de agosto, sin embargo, al no ser grave y tener arraigo, las autoridades decidieron permitir que ella siguiera su proceso en libertad.
Rafael es uno de los tres hermanos que han gobernado el municipio desde 2008. Sin embargo, su poderío se extenderá hasta el próximo trienio, ya que Vicente Ávila será quien tome el control el próximo 15 de octubre.
El que se fue entre lágrimas e investigaciones
Aunque ha negado todo vínculo con bandas huachicoleras, Rafael Núñez solicitó licencia a su cargo de alcalde de San Martín Texmelucan por 90 días luego de que fueran detenidos 119 policías, que no estaban certificados como elementos y por sus posibles nexos con bandas criminales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó diferentes operativos en el Ayuntamiento, sin embargo, el edil nunca estuvo presente. En algunos eventos hizo acto de presencia y posteriormente se retiraba.
Aunque dio una rueda de prensa en la que afirmó que no temía nada porque era legal su administración, prefirió dejar el cargo argumentando que no quería entorpecer las investigaciones, después, pidió otra licencia definitiva pues alegó que estar enfermo.
Las autoridades justificaron en su momento que el político es investigado para descatar protección a grupos criminales pues su demarcación ya era dominado por El Loco Téllez y por La Negra, dos líderes de traficantes de gasolina, además del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las propias invetsigaciones.
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El que dejaron en libertad y operó cerca de un tianguis huachicolero
Filomeno Cruz, presidente municipal del municipio de Huixcolotla -en donde opera el tianguis más grande en venta de combustible robado- fue detenido en julio de este 2018 por portación ilegal de arma de fuego además de estar en la mira por presunta complicidad con bandas de ladrones de gasolina pero quedó en libertad.
Minutos antes de que fuera detenido el 14 de ese mes, mataron a tres policías de Huehuetlán El Grande, aunque en un inicio lo relacionaron con el homicidio, no le fincaron cargos por los hechos.
En su administración que concluyo el 14 de este mes, las autoridades tampoco montaron operativo por la venta de hidrocarburo en la Central de Huixcolotla, donde en camionetas diferentes vendedores ofrecen el huachicol.
El edil acusado de huachicolero por policías
Las autoridades nunca iniciaron un proceso legal en contra del edil de Amozoc, José Cruz o al menos no lo hicieron público, sin embargo, a través de videos fue señalado de encabezar los grupos huachicoleros que existen en la región y que tras la escasez de gasolina robada, han incursionado en el robo de gas L.P.
El Gobierno del Estado nunca emitió un posicionamiento sobre el video, que Cruz argumentó era falso y no pertenecía a una denuncia de los propios elementos de la corporación municipal.
La difusión en redes sociales se dio luego de que seis policías municipales fueron asesinados tras un falso servicio.
Los elementos fueron asesinados en venganza por reportar malos manejos en la corporación.
El Gobierno del Estado únicamente envío refuerzos estatales para apoyar en los índices delictivos.
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Entre el saqueo a ductos y a trenes
Juan Navarro de Chalchicomula de Sesma (mejor conocido como Ciudad Serdán) se puso en la mira de la Fiscalía General del Estado luego de que el gobierno de Gali Fayad decidió tomar el control de la seguridad municipal en junio pasado.
Pese a que tenía licencia porque contendió en las elecciones del 1 de julio, las autoridades aseguraron que harían una investigación en su contra y en caso de encontrar algo irregular, tomarían las acciones correspondientes.
17 Elementos fueron detenidos por no acreditar su legalidad como policías.
En esta demarcación, el robo de trenes es uno de los problemas que se registran y el cuál reforzaron los elementos estatales.
Una alcaldesa que quedó rebasada por el crimen organizado
La alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández ha sido señalada de múltiples abusos en su administración, además de que la gente se ha inconformado en diferentes acciones de su gobierno.
Sin embargo, el Gobierno del Estado nunca ha iniciado un proceso de investigación en su contra. Únicamente la puso en la mira luego de que decidió tomar el control de la seguridad en el municipio tras el incremento de secuestro, homicidio y robo común.
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Más de 200 elementos fueron detenidos en el Municipio por lo que Policía del Estado tomó la seguridad, pese a que prometieron una reducción en la delincuencia, en los últimos días se registró un homicidio de dos personas, presuntamente por un ajuste de cuentas, así como, un robo en una gasolinera, donde resultó lesionado un empresario, un policía y un trabajador.
