El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha incrementado su interés en la entidad poblana y pretende convertirla en una de sus plazas.
Hasta el año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había detectado que este grupo criminal había optado por un modelo de franquicia, en el que brindaba la marca y asesoría a bandas locales para operar en el estado a cambio de un porcentaje de las ganancias obtenidas por las actividades delictivas.
Pero este año todo ha cambiado. El CJNG quiere relegar a esos grupos delictivos locales y tomar el control.
De acuerdo con la fundación InSight Crime, dedicada a la Investigación y Análisis de Crimen Organizado, el cártel –con su base principal de operaciones asentada en Guadalajara–, durante 2019 pasó de tener presencia en 14 estados a expandirse en 22, uno de ellos es Puebla.
Según esa organización, una manera de detectar la presencia del CJNG es por la forma de dirigirse a la sociedad mexicana, a través de una propaganda idealista en la que “haciendo referencia a la solidaridad”, promete deshacerse de otros grupos criminales que operan en los territorios.
Y así ha sucedido. En Puebla, el pasado 1 de junio habitantes del municipio de Palmar de Bravo y de Cañada Morelos reportaron a través de redes sociales vehículos blancos con las iniciales del CJNG. En un video publicado en Youtube se logra escuchar cómo anunciaban una “limpia”: “Perros, puro Cártel de Jalisco, llegó la limpia, venimos por todos”.
El 14 de junio de este año, el portal Página Negra dio a conocer diversas denuncias de médicos que han recibido llamadas de presuntos integrantes del CJNG, quienes pedían información de la plantilla de un Centro Médico de la colonia El Salvador.
En noviembre del año pasado, el medio nacional La Silla Rota también publicó la denuncia de empresarios con negocios en la capital poblana y San Andrés Cholula, quienes dijeron pagar cobro de piso por las amenazas de supuestos representantes del CJNG. Las cuotas oscilan entre los 300 mil al medio millón de pesos en restaurantes ubicados en la avenida Juárez, Huexotitla y Angelópolis.
“Si no cooperas te advierten que uno de tus clientes puede pagar las consecuencias y el desprestigio del negocio hará de todos modos que disminuyan las ganancias. De lo contrario, otro de tus clientes que se niegue a cooperar, lo ingresan a tu negocio y ahí lo ejecutan. La lección es doble, ellos nunca pierden”, confió un empresario a dicho medio bajo el anonimato.
En diciembre de 2018, el entonces secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, dio a conocer al Congreso estatal que el CJNG había intentado controlar el estado comenzando con San Martín Texmelucan, donde se había presentado un aumento en la incidencia delictiva, sobre todo en homicidios dolosos.
LOS NEXOS CON LAS BANDAS LOCALES
Fuentes al interior del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aseguran que la presencia del CJNG se detectó desde 2017, aunque comenzaron a reclutar a posibles encargados de la plaza en otros rubros delincuenciales.
Antonio Martínez Fuentes alías El Toñín, un capo dedicado a la extracción del robo de hidrocarburos, controlaba la zona de Quecholac y Palmar de Bravo. El líder huachicolerotenía nexos con el CJNG, al que ayudaba a financiar.
Un reporte del gabinete de seguridad nacional, citado por Milenio en 2017, indica que desde esa fecha el CJNG tenía la intención de obtener “poder político y respaldo social” en la región para operar con impunidad, además contrarrestaba a otro líder dedicado a la extracción de hidrocarburos, de un cártel rival: Los Zetas.
La estrategia del grupo delictivo se develó después del 3 de mayo de ese año, cuando el Ejército montó un operativo para detener a El Toñín en Palmarito Tochapan que terminó en un tiroteo, el cual tuvo como saldo la muerte de cuatro soldados y seis presuntos delincuentes.
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La célula comenzó una estrategia mediática, calificada como “poco común”, contra el Ejército, por presuntas violaciones a derechos humanos, donde los propios habitantes pedían que no entraran las fuerzas armadas al municipio.
La organización se rige por una especie de manual de control de crisis, en donde sus integrantes recurren a un discurso similar contra el Ejército o contra las fuerzas del orden para desacreditar sus acciones y evitar su entrada a ciertos territorios, escudados en menores de edad o mujeres.
Los habitantes de Palmarito Tochapan difundieron un video editado de una presunta ejecución extrajudicial, misma que fue acreditada así por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en septiembre de 2018, por lo que emitió una serie de recomendaciones, aunque con la renuencia de las autoridades. A la fecha, el capo sigue prófugo.
El CJNG también cobija a otros líderes delincuenciales en la entidad. En diciembre de 2018, comerciantes ofrecieron –con sus rostros cubiertos para proteger su identidad– una conferencia de prensa en la que denunciaban el inicio de cobro de piso en los mercados La Acocota, Morelos y La Cuchilla.
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Como uno de los extorsionadores señalaron a Cristhian N, alias El Grillo, quien en marzo pasado fue detenido por circular en el Periférico Ecológico y bulevar Valsequillo en un automóvil Camaro Blanco, y fue liberado tras pagar una fianza. Durante su retención, presuntos comerciantes protestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado para exigir su liberación, pues se trataba de su líder.
Sin embargo, ahora el dirigente de comerciantes es buscado por las autoridades por diversos delitos, como narcomenudeo y homicidio. Reportes señalan que controla 60% de droga en la capital poblana.
Una ficha de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo relaciona con liderar una organización delictiva dedicada al robo a comercio, a casa habitación, a transporte público y a la compra-venta de objetos robados.
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Los comerciantes del mercado Morelos conocen la actividad delictiva de su dirigente, pero han sido amedrentados para evitar que den alguna declaración.
El Grillo también es acusado de cobrar derecho de piso en el corredor de compra y venta de autopartes de la 46 Poniente.
De hecho, este fin de semana se registró un incendio en un local en la zona, el cual pertenece al comerciante Óscar Porras, quien encabezó el 20 de mayo pasado una conferencia de prensa donde denunciaba junto a otros locatarios ser víctimas de extorsión por un grupo delictivo.
El comerciante acusó que el incendio fue provocado y exhibió un arma calcinada, presuntamente abandonada por quien provocó el siniestro, lo cual calificó como una represalia por haber denunciado.
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Fuentes anónimas dijeron a 24 Horas Puebla que el cobro de piso se originó a inicios de este año, cuando una pieza robada de un auto de lujo fue encontrada por su propietario en un local de la 46 Poniente, por lo que, acompañado de un comando armado la recuperó y estableció las cuotas semanales a los comerciantes.
Después de ese hecho, los extorsionadores también buscaron hacerse de los negocios ilícitos de los grupos delictivos del lugar, como el narcomenudeo.
¿QUÉ ES EL CJNG?
El CJNG es dirigido por Nemesio Oseguera Ramos, alias El Mencho, por cuya cabeza el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, mientras que el mexicano oferta 30 millones de pesos a quien dé informes para su captura.
InSight Crime lo identifica como una de las organizaciones delictivas conocidas por su uso agresivo de la violencia y una campaña de relaciones públicas.
El CJNG surgió en Jalisco, pero tiene nexos con otros grupos en Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia y el sureste asiático.
En noviembre del año pasado, empresarios con negocios en Puebla capital y San Andrés Cholula señalan a un medio nacional que pagan cobro de piso ante amenazas de supuestos integrantes del cártel, hace tres días fue el turno del sector médico.
Foto: 24 Horas Puebla
