Alfredo Ramírez
Para evitar que el sargento José alcance hasta 70 años de prisión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también debería defender sus derechos humanos, consideró Alejandro Martí, presidente y fundador de la organización México SOS, encargado de la defensa del militar, acusado de ejecución extrajudicial en caso Palmarito Tochapan.
En entrevista telefónica, el también empresario dijo esperar que la institución no esté regalando un expediente a favor de supuestos huachicoleros, pues sostuvo su teoría en que en el enfrentamiento del 3 de mayo del 2017, los agentes de las fuerzas armadas estaba en una situación de guerra frente a un grupo criminal.
En esa refriega, un total de 10 personas perdieron la vida –seis civiles y cuatro militares- y solo un militar está en una cárcel, señalado de haber asesinado a un civil desarmado.
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Este miércoles, la comisión emitió una serie de recomendaciones tanto al gobierno de Puebla como al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por violaciones graves a derechos humanos en dicho operativo, pues entre sus señalamientos destaca que fueron dos ejecuciones extrajudiciales las que se dieron, además que los uniformados sembraron armas a los civiles.
“Yo no quisiera descalificar a la CNDH pero el militar también tiene derechos humanos”, dijo Martí.
El Toñín, ¿sigue prófugo?
Mientras el sargento enfrenta un juicio militar, a más de un año de los hechos, Antonio Martínez ‘El Toñín’, el supuesto ladrón de combustible que en su momento fue señalado por las autoridades como el cao que encabezó la emboscada contra los militares, sigue prófugo de la justicia.
La Fiscalía de Puebla informó en su momento que ‘El Toñín’ tiene el control del robo de gasolina al poliducto Minatitlán –México de Pemex en varios municipios que conforman el ‘triángulo rojo’ zona que disputaba con otro traficante de hidrocaburo conocido como ‘El Bukanas’, quien también es buscado por las autoridades.
