En los tiempos de Alfonso Esparza Ortiz como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los muertos cobraban sueldos y pensiones. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el rubro de Servicios Personales había erogaciones para 48 personas fallecidas, durante el ejercicio fiscal 2021 de la BUAP, su último año frente a la máxima casa de estudios.
En la auditoría con número de expediente 2021-4-99001-19-1413-2022 elaborada por la ASF, se detalla que se hicieron pagos por 739 mil 200 pesos a 10 empleados, quienes fueron identificados como fallecidos en los registros de la Secretaría de Salud.
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En el caso de los otros 38, se precisa que corresponden a 37 personas identificadas como jubilados y un trabajador, a quienes en la BUAP omitieron dar de baja, aunque no se desglosan montos de las erogaciones. Esto, a pesar de que en los archivos de la Secretaría de Salud se tienen los registros de su fallecimiento.
Estas anomalías se suman a las que MTPNoticias ha documentado en una serie de reportajes, como el que se dio a conocer el 13 de octubre del 2021, sobre el hecho de que tan solo en cinco años (de 2014 a 2018), de sus ocho como rector, Esparza Ortiz «desvío» al menos 671.6 millones de pesos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de una veintena de operadores financieros y prestanombres, incluidos su esposa, hijos, hermanos y su pareja extramarital.
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Un año antes, el 20 de octubre de 2020, MTPNoticias dio a conocer que Esparza lavó 257.4 millones de pesos de la BUAP a través de 126 empresas fantasmas, indagadas por el SAT, información que derivó en que la Auditoría Superior del Estado (ASE), denunciara al entonces rector, y la Fiscalía Anticorrupción le iniciara una investigación por los delitos de los delitos de operaciones simuladas, abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
Investigan a implicados en pagos a muertos en la BUAP
Por los casos de las personas fallecidas que seguían cobrando en la BUAP, la Auditoría Superior de la Federación ordenó a la institución iniciar un procedimiento de responsabilidades contra los servidores públicos implicados en pagos a jubilados y personas fallecidas.
“El Órgano Interno de Control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión carecieron del registro en su base de bajas de personal de 37 jubilados y un trabajador que aparecieron como fallecidos en los registros de la Secretaría de Salud y, para tales efectos, integró el expediente número CG/DCPPEA/0003/2022/IA, por lo que se da como promovida esta acción”, señala en el pliego de observaciones.
La ASF reportó que, en el transcurso de la auditoría, la BUAP solo logró justificar lo siguiente:
- Proporcionó las justificaciones y la documentación que aclaran los pagos después de la baja de dos trabajadores.
- La supervivencia de cuatro trabajadores que aparecieron como fallecidos, a quienes se les realizaron pagos por 494 mil 480.66 pesos.
- El reintegro de 292 mil 141.81 pesos correspondientes a pagos después de la fecha de baja de siete trabajadores.
En la BUAP pagan sueldos a RFC inexistentes
En medio de las irregularidades señaladas en la cuenta pública 2021 de la BUAP, la Auditoría Superior de la Federación detectó que hay 120 empleados con CURP o RFC erróneos o no registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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La ASF no precisó el monto de los sueldos que representan estos 120 trabajadores de la universidad pública, solo indicó que:
- En 36 casos, los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) presentaron una estructura incorrecta en las nóminas presentadas.
- En 81 casos, los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de los trabajadores no se localizaron registrados en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
- Hay tres casos de empleados con Claves Únicas de Registro de Población (CURP) cuyos datos no se localizaron en la base de datos nacional de la Clave Única de Registro de Población.
Por lo que la ASF emitió una recomendación a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que realice las gestiones correspondientes ante el Registro Nacional de Población y con el Servicio de Administración Tributaria, para que las claves CURP y RFC sean actualizadas y validadas.
¿Qué auditó la ASF a la BUAP?
Según lo reportado dentro de la auditoría 2021-4-99001-19-1413-2022, la ASF revisó 5 mil 535 millones 613.2 mil pesos provenientes de los subsidios enviados por el gobierno federal a la BUAP durante 2021, comprendiendo los últimos nueve meses de gestión de Alfonso Esparza Ortiz, y los primeros tres de Lilia Cedillo Ramírez, quien rindió protesta en octubre de dicho año.
“Al respecto, conforme a los resultados de la revisión, se verificó que los recursos transferidos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron de 6,919,223.0 miles de pesos, de los que 4,636,670.0 miles de pesos son recursos federales provenientes del programa U006, 2,225,276.0 miles de pesos de las participaciones federales”, se lee en el documento.
En tanto que 57 mil 277.0 pesos de otros recursos estatales. Cabe señalar que, en conjunto, la coparticipación estatal fue de Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
“En ese tenor, el universo fiscalizado ascendió a 6,861,946.0 miles de pesos y la muestra examinada fue de 5,535,613.2 miles de pesos, que representaron el 80.7 por ciento de los recursos transferidos”, precisó la Auditoría.
Lilia Cedillo ordena investigación en entrega de contratos
La Auditoría también observó que durante el mes de diciembre, la BUAP, en la nueva administración de la rectora Lilia Cedillo, se entregaron seis contratos, cuatro adjudicaciones directas y dos licitaciones públicas, todos ellos sin número, por un monto de 213 millones 731.6 mil pesos.
La ASF señaló que, aunque dichas empresas, no se encuentran inhabilitadas, en dos contratos se careció de expediente, pues no se contaba con la invitación a los proveedores, los procedimientos de contratación, el estudio mercadológico o la garantía de cumplimiento.
“El Órgano Interno de Control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/DCPPEA/0004/2022/IA, por lo que se da como promovida esta acción”, cita el informe de la ASF.
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Sin embargo, posteriormente el contralor, José Francisco Tenorio Martínez, justificó algunas de las excepciones de los contratos y se comprometió a realizar las investigaciones pertinentes para determinar la falta de documentación en el caso del contrato con la empresa Cirugía Oftalmológica y Cosmética Facial.
