Los Jenkins de Landa que son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Fiscalía de Puebla, se ampararon para no ser detenidos, y no se consideran “prófugos de la justicia”, debido a que son localizables para las autoridades, aseguró su vocero, Enrique Rodríguez.
En entrevista con MTPNoticias, explicó que ante las nuevas denuncias en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, están ejerciendo su legítimo derecho de defensa ante instancias del Poder Judicial federal.
Y es que apenas el 4 de junio pasado se libraron órdenes de aprehensión contra algunos de los integrantes de la familia, así como contra sus representantes legales por su probable responsabilidad de un fraude por más de 14 mil millones de pesos.
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Además, recientemente los integrantes del nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, los denunciaron por delincuencia organizada, lavado de dinero, y administración fraudulenta, al igual que el exrector de la institución, Luis Ernesto Derbez y otros administrativos.
La explicación que dio el representante es que, nuevamente las autoridades buscan llevar a juicio a los Jenkins por delitos ya juzgados, ya que en mayo de 2018, se dio un resolutivo, que no fue controvertido por un juez de control, el cual determinó que los señalados ya fueron investigados y absueltos en su momento.
Por esta situación, Rodríguez consideró que se han violentado todos los principios de legalidad en este caso, pues la FGR busca echar atrás el propio principio de cosa juzgada que determinó en su momento la PGR.
“Hay amparos que los protege, en lo que se determina y se clarifique el asunto de cosa juzgada. Se giraron indebidamente órdenes de aprehensión, desconociendo el criterio de cosa juzgada, del no ejercicio de acción penal de 2018 y por supuesto que están vigentes protecciones (…) ellos (los Jenkins de Landa) están ejerciendo su legítimo derecho para protegerse de este atropello”, dijo.
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Denuncian a quienes resulten responsables de la junta
En esta entrevista, el vocero también dio a conocer que la familia Jenkins de Landa denunció penalmente a quienes resulten responsables de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, que rige el gobierno del estado, al haber violado dos suspensiones definitivas de amparo, otorgado por jueces federales para evitar la remoción de los integrantes del patronato.
Detalló que el recurso se presentó una vez que removieron “de manera ilegal” a los Jenkins del patronato de la UDLAP y nombrar a cinco nuevos patronos, encabezados por Horacio Magaña, que son quienes tomaron el control de la universidad, con la fuerza pública el pasado 29 de junio.
Rodríguez también aseguró que mientras avanza este pleito ante instancias legales, las cuentas de la UDLAP están congeladas, es decir, ni el viejo ni el nuevo patronato tienen acceso, lo que pone en riesgo el pago de salarios a trabajadores y a proveedores.
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Además, dejó en claro que la fundación reconoce como único rector a Luis Ernesto Derbez, pues según los estatutos de la misma universidad, la designación de Armando Ríos Piter es improcedente debido a que se debía elegir un perfil por parte del Consejo Empresarial, además que el político no tiene un grado académico de doctorado, que es uno de los requisitos para ser rector.
