Los Jenkins, prófugos de la justicia por un fraude de al menos 720 millones de dólares en agravio de la Fundación Mary Street Jenkins, buscan la “protección” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), olvidando que actualmente ya solo aplica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un comunicado de prensa, dieron a conocer que iniciaron la “reclamación” con el fin de recuperarse económicamente debido a los daños de los que supuestamente han sido objetos por las investigaciones penales que existen en su contra que han derivado en dos órdenes de aprehensión.
Además, reclaman el hecho de que el gobierno de Puebla haya nombrado a un nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas que llevó a la toma de la institución el pasado 29 de junio.
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Esta notificación de intención se presentó ante la Secretaría de Economía, específicamente, ante la Dirección General de Inversión Extranjera y la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional del gobierno federal.
“Los patronos están obligados a proteger a la fundación, sus activos, la universidad, sus estudiantes y su cuerpo académico y el legado de ilantropía iniciado hace tiempo por el fundador de la fundación William Oscar Jenkins”, mencionan en el comunicado.
Con esto justifican que hay un “incumplimiento” de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (sic) por parte del gobierno mexicano.
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Toma de la UDLAP no tiene nada que ver con el T-MEC
Sin embargo, la situación legal que enfrenta la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla no se encuentra relacionada con actividad comercial internacional, protección recíproca de inversiones, ni con contenidos pactados en el T-MEC vigente.
Así lo respondió el nuevo patronato que actualmente tiene el control de la universidad y que asumió este papel a petición del estado precisamente porque los Jenkins están prófugos de la justicia, además de los múltiples delitos que existen en su contra.
“La encomienda de los nuevos patronos, ante la evidente evasión de la justicia de los que por años administraron en beneficio propio lo que no les pertenece por derecho, es una cuestión de estricta aplicación de la ley: repatriar a México y a Puebla un patrimonio millonario que fue dispuesto por voluntad de su fundador en beneficio de la sociedad poblana”, se lee en el comunicado.
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Los nuevos patronos aseguran que las instancias administrativas, civiles y penales del estado mexicano, son las únicas competentes para deslindar las responsabilidades derivadas de los delitos de desfalco, administración fraudulenta y lavado de dinero.
Delitos, que señalan, fueron presuntamente cometidos en claro contubernio por patronos, abogados y funcionarios universitarios.
“Conductas que se pretendieron dejar en la impunidad a través de un fraude procesal, esto es, de un supuesto no ejercicio de la acción penal mediante el cual pretendieron esconder el destino de millones de dólares en bienes, activos y circulante”, se acusa en el documento.
Se advierte que en los próximos días la representación legal de este patronato, presentará evidencia de delitos de lavado dinero internacional en perjuicio del patrimonio de la UDLAP y de sus fundaciones rectoras.
Por Alfredo Ramírez
