Ante la orden de aprehensión que existe contra Luis Ernesto Derbez por un presunto fraude directo por al menos 100 millones de pesos, los integrantes de la familia Jenkins, nombraron a una nueva rectora, Cecilia Anaya Berríos.
Actualmente ella es académica de la universidad y es a quien designan como interina luego de que supuestamente Derbez Bautista solicitara licencia para enfrentar los cargos que existen en su contra.
Sus otros presuntos cómplices, Mónica Ruíz Huerta, exvicerrectora Administrativa de la universidad; Mario Vallejo Pérez, exvicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional y Jesús Salvador Mijangos, exdirector general de Asuntos Jurídicos, también se separaron de sus labores en la universidad.
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La rectora interina, quien le hará competencia al rector del nuevo patronato, Armando Ríos Piter, es doctorado en Ciencias en la Especialidad de Química Orgánica, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Tiene una maestría en Química, Universidad Autónoma de Puebla y licenciatura en Química en la Universidad Iberoamericana campus Distrito Federal.
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Derbez, prófugo de la justicia
Con una orden de aprehensión en contra, Derbez ya es considerado prófugo de la justicia.
Él y sus cómplices, también son investigados por los delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por esta primera orden de aprehensión que tienen en contra, se debe a que en la auditoría que les inició el nuevo patronato tras asumir el control de la UDLAP el pasado 29 de junio, les detectaron una serie de empresas fantasma para desviar el dinero de la universidad, entre las que se encuentra la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School.
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En esta compañía son socios el propio Derbez y su círculo cercano: Mónica Ruíz Huerta, Mario Vallejo Pérez, Jesús Salvador Mijangos Patiño, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, quienes recibían pagos millonarios de las cuentas de la institución, convirtiéndose en juez y parte.
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En las investigaciones, se ha detectado un fraude de al menos 100 millones de pesos. Además, están en la mira, tanto de la Fiscalía General del Estado de Puebla como de la República por pagos realizados a las empresas fantasma que venían utilizando.
Por @MTPNoticias
