Una disputa por hacerse del patrimonio millonario del estadounidense William O. Jenkins, hoy tiene en un pleito legal a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Este 29 de junio se vivió un capítulo más en Puebla que tiene que ver con la familia Jenkins –descendientes de William– acusada de haber saqueado 720 millones de dólares de la entidad de la Fundación Mary Street Jenkins, dinero que era destinado para obras de beneficencia social en favor de los poblanos.
Pero para entender cómo surge este pleito y por qué ha repercutido en la universidad, MTPNoticias te explica las claves de esta historia.
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¿Quiénes son los Jenkins?
Para contar la historia de la familia Jenkins es necesario remontarnos a la biografía de William O. Jenkins, un ciudadano americano nacido en 1878 en Tennessee, en una familia que no tenía recursos económicos, y murió en Puebla en 1963 como uno de los hombres más ricos de México.
Se casó en 1901 con su compañera de universidad, Mary Street. En 1905 se mudaron a Puebla, donde más tarde iniciaron una empresa textilera con la que fueron amasando su fortuna.
Aparte de agricultor, industrial, empresario y filántropo, William Jenkins llegó a controlar el 80% de los cines del país. En 1954, una década después del fallecimiento de su esposa, Jenkins creó una fundación en su memoria (Mary Street Jenkins) destinada a realizar obras de caridad a favor de habitantes de Puebla.
Inicialmente, se encomendó la administración de la fundación a cinco patronos quedando él como presidente hasta su muerte en 1963. En su testamento, Jenkins ordenó que todos sus bienes pasaran a propiedad de la fundación, no dejando nada a descendientes (hijos y nietos) con la justificación de que nadie con capacidad de trabajar debe heredar fortunas trabajadas por otros.
La historia del desfalco
Sin embargo, pese a esta última voluntad, los hijos y nietos no se quedaron de brazos cruzados y se apropiaron del dinero de la fundación. Contrataron a los abogados Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández – hoy prófugos de la justicia– para darle la vuelta al testamento y a los propios estatutos de la fundación.
Guillermo Jenkins de Landa, uno de los nietos de William O. Jenkins, se opuso a estas estrategias y la consecuencia fue que los demás miembros de su familia lo excluyeron de todo en junio de 2013.
Cinco meses después de esa decisión, los Jenkins iniciaron el plan: primero, modificar los estatutos de la fundación, estableciendo que sí se podía usar el capital y no solo los intereses como estaba originalmente previsto.
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El segundo paso fue crear una segunda fundación: Fundación Bienestar de Filantropía, a la que transfirieron 720 millones de dólares, es decir, prácticamente toda la capital de Mary Street Jenkins, el 30 de abril de 2014.
Curiosamente, en ese contrato de donación, los representantes legales de la Fundación Mary Street Jenkins fueron los abogados Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas y quien representó a la Fundación Bienestar de Filantropía fue el otro socio del despacho, Carlos Román Hernández.
Se llevan el dinero a paraísos fiscales
Posteriormente, en diciembre de ese año, Fundación Bienestar de Filantropía cambió su domicilio social a Barbados, y en noviembre de 2015, a Panamá, cambiando de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, Institución de Interés Privado, concretando así el desfalco, pues quedaron como beneficiarios los hijos y nietos de William O. Jenkins –a excepción de Guillermo nieto–.
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Gobierno de Moreno Valle solapó el desfalco
En la entidad, existe un organismo dedicado precisamente al “cuidado y vigilancia” de estas fundaciones, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Sin embargo, el desfalco se cometió en el gobierno del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle sin que él hiciera nada, aunque en un desplegado en medios nacionales el 23 de junio pasado, la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que su salida de Puebla se debió a una supuesta persecución de Moreno Valle, quien, aseguran, buscaba “apropiarse del patrimonio y control de las fundaciones en perjuicio de
la asistencia social”.
No obstante, actualmente, exfuncionarios públicos de esa administración (2011-2017) son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Fiscalía de Puebla también investiga
Con la llegada de Miguel Barbosa como gobernador –tras la era del morenovallismo en Puebla- dio seguimiento a las denuncias. Actualmente, son dos delitos por los que se le acusa a los Jenkins: operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de monedad ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, y el segundo, por fraude por la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía de Puebla.
Lo último es que el 4 de junio pasado se logró que se libraran órdenes de aprehensión contra Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elonia Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández (estos últimos cuatro son abogados) por su probable responsabilidad de un fraude por más de 14,000 millones de pesos.
La orden de captura se sumó a otra que fue librada desde febrero de este 2021 por el desfalco de más de 700 millones de dólares de la fundación.
¿Y qué tiene que ver la UDLAP?
Una de las posibles operaciones fraudulentas de la familia Jenkins es que crearon una fundación exclusivamente para administrar parte de los bienes que obtuvieron ilícitamente de la Fundación Mary Street Jenkins –entre ellas la UDLAP– a la que denominaron Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales y de la cual eran socios Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Luis Ernesto Derbez –actual rector de la universidad–.
El propio Derbez ha aceptado que se dedicó a administrar los bienes inmuebles que fueron propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins y que ahora están en manos de los prófugos de la justicia.
Actualmente, tanto Derbez como otros directivos de la universidad también son investigados por la Fiscalía de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones en perjuicio de la universidad y su patrimonio.
¿Quién y por qué se nombró a un nuevo patronato?
Fue la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, que rige el gobierno estatal, la que nombró cinco integrantes del nuevo patronato denominado Fundación Universidad de las Américas Puebla: Horacio Magaña Martínez (presidente), Adalberto Ramos (secretario) así como Pablo Jiménez, Ernesto Luna Parra y Luis Oaxaca. Todos ellos sin antecedentes en la UDLAP.
La justificación que se dio en la sesión del 24 de mayo de este 2021 es que como los Jenkins están prófugos de la justicia, ya no deben formar parte del patronato por lo que fueron excluidos.
Como el nuevo patronato no fue reconocido por la rectoría, recurrieron a un juez federal para entrar por la fuerza a la institución y apoderarse de los bienes inmuebles, así como de las cuentas bancarias.
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A la par, se ordenó una auditoría en todos los ámbitos a Derbez Bautista, quien es el representante de los Jenkins en este pleito.
¿Qué dicen los Jenkins tras la toma de la UDLAP?
En un comunicado que se emitió desde Zapopan, Jalisco, los Jenkins calificaron como “espurio” el nuevo patronato, al asegurar que hay una suspensión definitiva ante un juzgado federal para no permitir la creación de otro patronato, pues el hecho de que tengan dos órdenes de aprehensión en contra, no significa que sean culpables por los delitos que se les acusa.
Además, acusaron un “acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de Derecho” la toma de la UDLAP cuando presuntamente la ley está de su parte.
En la misma línea ha sido la postura que ha fijado el rector, quien ya no tiene el control de la universidad.
¿Qué sigue?
Los abogados de ambos grupos siguen peleando el control de la UDLAP por la vía legal. El representante de los Jenkins, Virgilio Rincón Salas, ha advertido en entrevista que no permitirán el “despojo” de la universidad.
Por otro lado, tanto Guillermo –el nieto que se opuso al saqueo de la Fundación Mary Street Jenkins– el nuevo patronato, el gobierno del estado y la FGR, dan continuidad a las denuncias que existen contra los integrantes de la familia que están prófugos de la justicia en búsqueda de recuperar esos 720 millones de dólares, o al menos asegurar todos los bienes inmuebles que le pertenecen a la fundación y por ende a los poblanos.
