La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) –por sus siglas en inglés– emitir una ficha roja para localizar y capturar en más de 190 países del mundo a integrantes de la familia Jenkins de Landa, acusados por los delitos de lavado de dinero y fraude en Puebla.
Se trata de Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto, Juan Guillermo Eustace, Margarita, Juan Carlos y María Elodia, todos Jenkins de Landa, así como en contra de los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández.
Todos ellos cuentan con órdenes de aprehensión libradas por un Juez de Control Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y por un Juez Penal del Estado de México, por su participación en los delitos de lavado de dinero y fraude.
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Los Jenkins y sus abogados son buscados por la Fiscalía General de la República por haber desfalcado al menos 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins. A través de una estructura elaborada por sus abogados lograron apropiarse ilícitamente de todos los bienes de la fundación, trasladándolos a paraísos fiscales como Panamá, dinero que estaba destinado para labores sociales en la entidad poblana.
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Como parte de este pleito por reclamar el retorno de esos recursos a la entidad, es que en mayo pasado, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, que rige el gobierno estatal, destituyó a los Jenkins del patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y nombró cinco integrantes nuevos quienes tomaron el control del inmueble el 29 de junio pasado.
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Desde entonces hay una disputa en los tribunales por el control de la institución, pues por un lado, los Jenkins mantienen las cuentas bancarias y por otro, el nuevo patronato administra el inmueble. Cada quien con sus rectores: Cecilia Anaya por el lado de los primeros y Armando Ríos Piter por los segundos.
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Además, el antiguo rector, Luis Ernesto Derbez y sus cómplices Mónica Ruíz Huerta, exvicerrectora Administrativa de la universidad; Mario Vallejo Pérez, exvicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional y Jesús Salvador Mijangos, exdirector general de Asuntos Jurídicos, también tienen órdenes de aprehensión por fraude directo por al menos 100 millones de pesos en agravio de la UDLAP.
Por @MTPNoticias
