Por hechos ocurridos hace 23 años, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla acreditó otro acto de tortura cometido por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la recomendación 08/2026, la comisión sostuvo que la Fiscalía violó los derechos humanos de un hombre a la integridad y seguridad personal, esto por una detención del 30 de abril del 2003.
De acuerdo con el relato de los hechos, a la víctima, de identidad reservada, la detuvieron sin motivo por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia en su domicilio de San Francisco Ocotlán, Coronango.
Los agentes, en ese momento llamados Policía Judicial, ingresaron disparando y tirando el zaguán de la casa, donde golpearon a la víctima y a su padre de 72 años.
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Este último falleció a los dos años por heridas internas provocadas por golpes.
La víctima la trasladaron a la Procuraduría, donde un visitador de la CDH acudió pero en ningún momento se les permitió estar a solas.
En cambio, fue amedrentado para declarar a conveniencia de los judiciales, pues de lo contrario amenazaban con culparlo de homicidio y secuestro, sumado a los incesantes golpes.
El tres de mayo del 2003 lo ingresaron al penal de San Miguel, en Puebla capital, pero en 2004 siguió su proceso en el penal de Tepexi.
Durante los días en que estuvo detenido, fue golpeado en los riñones, la espalda, la cabeza y los testículos, lo que le dejó secuelas que no le fueron tratadas estando dentro de los penales.
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Lo acusaron de secuestro y asociación delictuosa, cargos por los que un juez lo declaró culpable.
En 2015 apeló la decisión alegando actos de tortura en su detención y declaraciones, pero en el documento emitido por la CDH, se le refiere aún como persona privada de su libertad.
No fue hasta el 21 de septiembre del 2022 cuando se le aplicó por primera vez el ‘Protocolo de Estambul’ para determinar si realmente hubo o no tortura.
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La conclusión fue positiva para tortura, pues la víctima presenta daño psicológico, dolores físicos, alteraciones del sueño, ideas de muerte y alteraciones de apetito, así como evasión del contacto con custodios del penal donde está recluido.
Como parte de la recomendación, la CDH requirió a la Fiscalía que inicie el proceso para dar una compensación económica a la víctima por los daños causados tras su arresto y tortura hace 23 años.
Asimismo, le deben dar atención psicológica inmediata para atender las secuelas causadas por los hechos que iniciaron la noche del 30 de abril del 2003.
Además, la Visitaduría General de la FGE está obligada a iniciar y retomar los procedimientos de sanción internos en contra de los ministeriales responsables de la tortura.
