La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un plazo de seis meses al Congreso de Puebla para que emita una nueva legislación en materia de derechos de las infancias trans, luego de determinar que las reformas previas no cumplen con los estándares constitucionales.
El anuncio fue confirmado por el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, tras su participación en los actos conmemorativos por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde explicó que el Poder Legislativo local deberá corregir las deficiencias detectadas.
De acuerdo con el ministro, la Corte identificó que las disposiciones aprobadas anteriormente resultan insuficientes para garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género en menores de edad, por lo que ordenó rehacer el marco normativo.
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Ante cuestionamientos sobre las consecuencias de no acatar la resolución, Aguilar Ortiz indicó que existen procedimientos específicos para vigilar su cumplimiento y, en su caso, exigir que se respete la sentencia.
“Hay un procedimiento de cumplimiento de ejecutoria y vamos a estar atentos a eso. Hay un área de la Corte que está atenta a que se cumplan las resoluciones y estaremos vigilantes; se tiene que ajustar”, señaló.
El presidente de la SCJN agregó que, aunque no tiene precisión sobre la fecha en que inició el conteo, el plazo establecido por el tribunal es de seis meses para que el Congreso local atienda la instrucción.
“Si no mal recuerdo, dimos seis meses y vamos a esperar”, sostuvo.
La resolución tiene como propósito asegurar que niñas, niños y adolescentes trans en Puebla puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género conforme a su autopercepción. Sin tener que esperar a cumplir la mayoría de edad, como ocurre actualmente en muchos casos. Este tema ya lo abordó el Congreso estatal.
Sin embargo, la normativa aprobada no alcanzó el nivel de protección requerido. Lo que derivó en su impugnación y posterior revisión por parte de la Corte.
Colectivos acusan que Armenta desconoce fallos de SCJN sobre derechos humanos
En torno a este tema, el gobernador Alejandro Armenta Mier consideró que se trata de un asunto que genera debate social y posturas encontradas. Por lo que planteó la necesidad de abrir espacios de diálogo.
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Incluso, sugirió que el Poder Legislativo podría contemplar la realización de una consulta para recabar opiniones de la ciudadanía antes de avanzar en una nueva reforma.
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Esta propuesta generó reacciones entre colectivos. Los cuales cuestionaron la idea al señalar que los derechos humanos no deben someterse a consulta. Si no, garantizarse conforme a lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales.
