Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya echado abajo la Ley de Ciberasedio demuestra que hay división de poderes, dijo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Expresó que lo único que queda claro es que no hay injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
En entrevista, este jueves 16 de abril, el mandatario estatal reiteró que su administración acatará la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al tiempo que subrayó que será el Congreso local el encargado de ajustar el marco legal conforme a lo determinado por los ministros.
El titular del Ejecutivo estatal insistió en que la decisión no debe interpretarse como un retroceso, sino como una muestra del equilibrio institucional que rige en el país. En ese sentido, defendió que la relación entre poderes se mantiene bajo un esquema de respeto mutuo.
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Armenta también enfatizó que las reformas impulsadas en su momento tenían como finalidad atender problemáticas reales en entornos digitales, particularmente en la protección de sectores vulnerables como menores de edad, jóvenes y mujeres.
Este 14 de abril, la Suprema Corte invalidó el delito de ciberasedio en Puebla tras considerar que su redacción contravenía principios constitucionales, lo que obliga al Poder Legislativo estatal a emitir una nueva propuesta.
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Que SCJN haya echado abajo el ciberasedio demuestra que hay división de poderes: Armenta; reforma deberá replantearse tras fallo
La figura legal había sido incorporada el 12 de junio de 2025, cuando el Congreso aprobó modificaciones al Código Penal que incluyeron el artículo 480. Su publicación en el Periódico Oficial del Estado se realizó un día después, entrando en vigor el 14 de junio.
Posteriormente, ante cuestionamientos por posibles afectaciones a la libertad de expresión, el Congreso realizó ajustes el 10 de julio, tras la realización de foros y consultas con distintos sectores.
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No obstante, durante el tiempo en que la norma estuvo vigente, la Fiscalía General del Estado de Puebla no logró concretar ninguna sentencia relacionada con este delito.
Con la resolución de la Corte, se abre un nuevo proceso legislativo en Puebla, donde se buscará redefinir la regulación en materia digital, en medio de la discusión sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales.
