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Perfil: Eduardo Rivera, el panista que va por la revancha en Puebla capital con apoyo del PRI y PRD

El panista Eduardo Rivera Pérez será candidato por tercera vez, pero a diferencia de las dos ocasiones anteriores en que ha sido postulado por el blanquiazul, hoy el contexto político del exedil de la capital es diferente al de la época del desaparecido exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Las últimas mediciones le dan la ventaja sobre sus nueve contrincantes, su más cercana contendiente es Claudia Rivera Vivanco, quien en el 2018 logró arrebatarle el triunfo al panista, pero hoy se ubica por debajo de las preferencias electorales y en el penúltimo lugar de los alcaldes evaluados, según Mitosfky.

El camino para Eduardo Rivera no fue fácil ya que tuvo que sortear una serie de desencuentros con la dirigencia estatal de su partido, encabezada por Genoveva Huerta Villegas, quien antes del panista evaluaba la posibilidad de entregarle la candidatura al priista José Chedraui Budib.

A sus 49 años cumplidos, Rivera Pérez hoy cuenta con el apoyo de cinco partidos que lo postulan en alianza y en candidatura común a la presidencia municipal de Puebla.

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¿Quién es Eduardo Rivera Pérez?

Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y Maestro en Gestión Pública por el Centro de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid.

De 2011 a 2014 fue presidente municipal de la capital, a su trayectoria se suma una diputación federal, una local y en su partido ha sido Secretario General y Presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Puebla. De manera intermitente ha conjuntado sus cargos con la docencia.

En 2016 fue coordinador de campaña del hoy gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, a quien hasta hace poco brindaba asesoría en el gobierno del estado de aquella entidad caribeña.

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Inhabilitado por 12 años y exonerado

Al interior de su propio partido ha enfrentado vapuleos de los grupos cercanos al exgoberandor Rafael Moreno Valle, como aquel episodio ocurrido en 2017 cuando los diputados aprobaron inhabilitarlo por 12 años y determinaron imponerle una multa de 25 millones de pesos, así como una sanción por supuestas deficiencias en su administración municipal por cerca de 290 millones de pesos.

Sin embargo, un año después, en 2018 el propio Congreso absolvió al exedil “en virtud de las pruebas supervenientes, presentadas por Rivera Pérez, deroga su similar de fecha 7 de abril de 2017 determinando que el citado expresidente no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron (…) aprobándose la Cuenta Pública”, según el decreto del 23 de agosto de 2018.

En septiembre de 2018, la Auditoría desistió de continuar con el procedimiento en su contra y el expresidente también suspendió el juicio de amparo promovido a su favor, con lo que ese asunto de archivó como asunto totalmente concluido.

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Escándalos de sus allegados políticos

La seguridad pública es un tema con el que se ha confrontado la administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco con la del panista, en la cual se cometían 5.9 delitos por hora, según las cifras de la secretaría Lourdes Rosales.

Durante su administración al frente del Ayuntamiento, Eduardo Rivera enfrentó diversos escándalos protagonizados por sus colaboradores y secretarios, como el de Arturo Botello Vargas, quien en su cargo como tesorero municipal firmó documentos oficiales ostentándose como contador público sin poseer el título correspondiente.

También Íñigo Ocejo Rojo, secretario de Administración en su gestión, signó contratos y diversos documentos oficiales ostentándose como licenciado sin tener el título.

Ocejo Rojo estuvo también en el ojo del huracán por un supuesto enriquecimiento inexplicable, ya que al entrar al Ayuntamiento reportó ingresos anuales por 193 mil pesos, sin embargo hacia el final de la administración riverista reportaba 4 millones 300 mil pesos al año.

En la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Fabre fue acusado por entregar finiquitos por cerca de 11 millones de pesos a empleados afines, aunque después fueron recontratados.

En contra de su secretario de Seguridad Pública, Amadeo Lara Terrón, existieron acusaciones sobre actos de corrupción en la corporación. Señalamientos similares también existieron contra Luis Mora, de la Dirección de Normatividad.

Otra de las acusaciones que sorteó en su administración fue la denuncia que interpuso el exregidor Carlos Ibáñez Alcocer, en su contra por los delitos de falsificación de documentos, fraude e intimidación.

Y, finalmente, hacia el final de su gestión como alcalde se dio a conocer el presunto mal manejo de recursos en el Organismo Operador del Servicio de Limpia, por las irregularidades en la nómina dicha entidad.

 

Por Cirilo Calderón / @calderonciro

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