El ‘juicio popular’ se eliminó de la propuesta de reforma al Poder Judicial del gobernador Miguel Barbosa Huerta para darle una “vía institucional” y que sea el Consejo de la Judicatura la responsable de iniciar las investigaciones en contra de los magistrados, mientras que será el Congreso del Estado de Puebla el encargado de sancionar.
Así lo comunicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tras la reunión que sostuvo con los coordinadores de las bancadas, quienes por unanimidad aprobaron integrar en el orden del día el dictamen final de la reforma presentada por el mandatario estatal.
En rueda de prensa, el presidente del Congreso refirió que esta reforma será la más importante en materia judicial, para poder lograr una justicia pronta y expedita en favor de los poblanos, por lo que se integraron al menos 10 propuestas reformatorias de las diferentes bancadas para enriquecerla, mejorarla y no exista ambigüedad.
“El tema y el ánimo es que todos podamos participar y el voto pueda ser unánime, tenemos una gran responsabilidad con esta reforma, yo no le vería ningún pero a ella, pero son respetables sus puntos de vista y lo deseable es que entre todos sigamos construyendo”, dijo Céspedes Peregrina.
Al ser cuestionado sobre el retiro de una de las propuestas más innovadoras al Poder Judicial que consistía en que los ciudadanos podrían presentar denuncias en contra de la labor de magistrados para solicitar su remoción o procesos administrativos, el coordinador de la bancada de Morena señaló que se le dará un trámite más “institucional”.
“Nosotros pedimos que el Consejo de la Judicatura asuma las responsabilidades que tiene y sería la vía institucional, se refuerza ese tema, había un área más de oportunidad (…) No son elegidos por votos directos, pero aun así se sigue salvaguardando”, explicó el diputado morenista.
Con ello los magistrados solo serían sancionados por los diputados después de que el Congreso de la Judicatura realice la investigación correspondiente y determine que existen elementos para sancionarlos.
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¿En qué consiste la Reforma al poder Judicial?
El pasado 22 de septiembre el gobernador Miguel Barbosa Huerta remitió una reforma a la Constitución Política del Estado, para modificar atribuciones al Poder Judicial, entre ellos la vitalicidad de los magistrados, la conformación del Consejo de la Judicatura y la integración de una nueva Sala Constitucional, entre otros.
La reforma fue validada por el Consejo de la Judicatura a través de un comunicado, detallando la importancia de una reforma a fondo al Poder Judicial.
“Magistradas y magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia agradecemos la invitación que nos ha formulado el gobernador del estado, reconocemos la necesidad de una reforma al sistema de justicia estatal y, por tanto, expresamos nuestra apertura y apoyo a la reforma constitucional propuesta”, cita el documento.
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¿Cuáles son las principales modificaciones a la reforma?
• Magistrados no podrán ser destituidos por juicio popular. Cuando se dé alguna falta, serán los integrantes del Consejo de la Judicatura quienes dictaminen, pero la sanción la establecerá el Poder Legislativo.
• Se respeta la autonomía del Tribunal Superior de Justicia Administrativa (TSJA), pues sus resoluciones serán definitivas sin que otro órgano de justicia las valide, como estaba planteada en un inicio.
• Para la integración del Consejo de la Judicatura, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional, se debe garantizar la paridad de género.
• Desde la Sala Constitucional, se podrán ejercer ‘acciones de inconstitucionalidad’ contra actos de autoridad en contra de los 217 ayuntamientos.
Sugerimos: ¿Cómo operará el Consejo de la Judicatura en Puebla con reforma al Poder Judicial?
• Se elimina el Comité de Implementación. Cada uno de los órganos del Poder Judicial será evaluado por el Consejo de la Judicatura.
• Para ejercer una controversia inconstitucional, se reduce el porcentaje del uno al 0.5 por ciento del listado nominal. De acuerdo al actual listado nominal, cuatro millones 703 mil 681 electores, se requerirán de un mínimo de 23 mil 518 firmas para iniciar un proceso.
• Se mantiene revisión del padrón de trabajadores del Poder Judicial. Los funcionarios tendrán que declarar en no más de 180 días algún conflicto de interés, para determinar algún tipo de responsabilidad administrativa
• Se crea un sistema de evaluación y desempeño del Poder Judicial.
