La suspensión provisional que obtuvieron los integrantes de la familia Jenkins el viernes 16 de julio para recuperar la administración de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es ilegal, debido a que el fallo debía ser emitido por un juez y no por el secretario encargado del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo con sede en Cholula, Puebla, José Carlos Ibáñez Méndez, como ocurrió.
El representante legal de la fundación, Rodrigo Gurza Cárdenas, explicó que esta irregularidad ya fue impugnado ante un Tribunal Colegiado de Circuito por lo que la disputa por el control de la universidad queda en manos de un juez.
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Y mientras este pleito avanza, el nuevo patronato de la UDLAP deja en claro que Armando Ríos Piter sigue siendo el rector, ya que la suspensión provisional no restituye a Luis Ernesto Derbez como administrador de la institución como él aseguró el viernes pasado.
Debido a que los nuevos patronos siguen manteniendo el control de la Universidad, este domingo, Marcela Corro, directora académica del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, llamó a cumplir las decisiones judiciales.
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La decisión, en manos de un juez
Gurza Cárdenas recordó que Félix Edmundo Bautista Salazar, promovente de parte del viejo patronato, carece de poderes para iniciar acciones legales, pues esa capacidad le fue revocada desde mayo de este 2021 debido a que es investigado por autoridades federales y locales.
Esto, por haber tratado de encubrir los delitos por los cuales tienen órdenes de aprehensión los integrantes de la familia Jenkins, cuya última orden de aprehensión se libró el 4 de junio pasado por un fraude de 14 mil millones de pesos.
Además, Gurza consideró que la suspensión provisional tiene como propósito distraer la atención del hecho de que justamente el viernes quedó sin efectos la suspensión con la que el abogado y socio de Derbez, Virgilio Rincón, había evitado su detención por las órdenes de aprehensión tanto federal como local que existen en su contra.
Cabe recordar que tanto Derbez como otros administrativos de la UDLAP fueron denunciados por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta.
El nuevo patronato asumió el control de la UDLAP el 29 de junio pasado luego de que el 24 de mayo, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, que rige el gobierno estatal, designara a sus cinco integrantes, desplazando a los Jenkins por los procesos penales que existen en su contra.