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Por enriquecimiento ilícito y peculado, Función Pública denuncia a 12 morenovallistas

Robo calificado, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos o ‘peculado’, fraude y enriquecimiento ilícito, son los delitos denunciados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Puebla, durante los últimos 17 meses, en contra de exfuncionarios públicos de gobiernos morenovallistas, por un fraude de mil 259 millones de pesos.

En respuesta a una solicitud de información de MTPNoticias, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se detalló que la primera denuncia fue presentada el 27 de septiembre de 2019, a solo 57 días de que rindiera protesta el gobernador Miguel Barbosa.

En su segundo informe de gobierno, en diciembre de 2020, el mandatario  informó que hasta ese momento se documentaron anomalías por 2 mil millones 836 mil pesos.

En la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran bajo la lupa 166 personas, tanto físicas como morales, implicados con ex servidores públicos.

En su lucha por combatir la corrupción heredada por administraciones panistas, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta interpuso 12 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por el ‘lavado’ de mil 259 millones 392 mil pesos.

Con el argumento de que son datos personales, la SFP evitó proporcionar los nombres de los políticos denunciados por el desvío de recursos. Sin embargo, MTPNoticias dio conocer el pasado 25 enero la operación de una mafia de 50 políticos que usaron 150 empresas fantasma para desviar más de 2 mil 58 millones de pesos.

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Las observaciones fueron detalladas en el Informe de Gobierno, dentro del apartado de Combate a la Corrupción, publicado en diciembre del año pasado. La información fue replicada por la propia Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas como parte de la glosa del informe.

“Para combatir la impunidad se impulsó la prevención y detección de conductas que pudieran constituir delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por lo que se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General en el Estado de Puebla”, comentó el pasado 22 de enero.

Fechas de las denuncias

Ante esto MTPNoticias solicitó el detalle de quiénes y por qué delitos son investigados desde la Secretaría de la Función Pública en el estado, quien fue la dependencia encargada de presentar las denuncias de hechos correspondientes ante la FGE.

De acuerdo con el documento entregado a este medio de comunicación con folio 02340720 la primer denuncia se presentó el 27 de septiembre de 2019, ya con Olivia Villaseñor Rosales como la encargada de la SFP, un día después del relevo de Karen Berlanga Valdés y a tan solo 57 días del inicio del mandato de Miguel Barbosa por el delito de abuso de autoridad.

Tuvieron que pasar casi seis meses para que se presentarán de nueva cuenta responsabilidades penales en contra de ex funcionarios públicos de los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido.

En esta ocasión se presentaron tres denuncias, la primera por falsificación de documentos; la segunda por delitos cometidos en la administración de justicia , fraude procesal, falsedad en declaraciones; y la tercera por falsificación de documentos; delitos cometidos en la administración de justicia, peculado y los que resulten.

Doce días después, se registró una nueva carpeta de investigación, ahora por abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.

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Desde entonces se han sumado denuncias por peculado, uso indebido de atribuciones y facultades dentro de los procedimientos de solicitud y autorización de recursos públicos federales, abuso de confianza e incluso robo calificado.

Sin embargo, en el informe entregado a MTPNoticias no se dan a conocer los nombres de los presuntos implicados debido a la secrecía de los procesos penales.

No obstante, trasciende que entre los nombres que se encuentran en estas doce denuncias figuran los del diputado José Juan Espinosa, el magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez y el propio Oscar Chapa Palomeque, ex oficial mayor de la SEP, detenido por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades al adjudicar de manera directa contratos por 379 millones de pesos para la compra de uniformes y calzado, por lo que hoy se encuentra encarcelado en el penal de San Miguel.

Por Carlos Cózatl/@cr_cozatl

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Carlos Cózatl

Reportero con experiencia de más de cinco años en medios impresos y digitales de Puebla. Actualmente colaborador de MTP Noticias.