Si en algo coinciden Leoncio Paisano Arias y Claudia Rivera Vivanco es que los dos contrataron, en distintos periodos, los servicios de Juan Manuel Maldonado Calderón como auditor externo en sus gobiernos, para cuadrarles los números y limpiar los expedientes en sus gobiernos, con la promesa que sus cuentas públicas pasarán sin observaciones en la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Al exalcalde panista de San Andrés Cholula no le funcionaron los servicios de este señor, quien forma parte del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla AC, porque a pesar de sus asesorías, no le cubrió las espaldas.
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El contador favorito del morenovallismo no solventó el desvío de 42 millones de pesos que le detectaron a Paisano en el ayuntamiento sanandreseño en el periodo 2014-2018, motivo por el que la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) lo denunció por peculado y uso de empresas fantasma en octubre de 2020, lo que derivó en la detención del panista, el pasado 13 de abril, quien ya se encuentra en el penal de San Pedro Cholula.
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En 2021, sus principales clientas en el estado de Puebla son las hermanas Claudia y Mayte Rivera Vivanco, alcaldesa con licencia y titular del DIF Municipal en la capital poblana respectivamente, quienes solo en 2019 le pagaron 4.7 millones de pesos por los servicios de auditoría externa.
Pese a la asesoría del Centro de Servicios Fiscales y Consultoría Gubernamental SA de CV, cuyo socio y representante legal es Juan Manuel Maldonado Calderón, el ayuntamiento de Rivera Vivanco enfrenta varios escándalos por expedientes que no le ha limpiado.
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Tan solo en 2020 quedó pendiente la observación por la compra de ventiladores, a un costo de 15.8 millones de pesos, la compra de mini despensas por 9.9 millones de pesos, adquisición de artículos de higiene y el pago de recibos de luz.
Pagan 4.7 millones a Maldonado
El gobierno de Claudia Rivera otorgó tan solo en 2019 un contrato al Centro de Servicios Fiscales y Consultoría Gubernamental SA de CV, por un monto de 4 millones 499 mil 999.99 pesos por concepto de “revisión análisis y evaluación de expedientes técnicos unitarios de obra pública y de adquisición de bienes y servicios del honorable ayuntamiento del municipio de Puebla”.
Lo anterior según se lee en el contrato que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y cuya copia posee MTPNoticias.
Un segundo contrato por un monto de 268 mil pesos le concedió Mayte Rivera Vivanco para “dictaminar los estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos por el ejercicio 2019” en el DIF Municipal.
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El dinero que le pagaron a Maldonado es para que les haga la limpieza de expedientes en 467 procedimientos de adjudicación en compras, por un total de mil 853 millones 489 mil 994 pesos.
Con esos contratos, el auditor externo está obligado a revisar los estados financieros mensuales del gobierno de Claudia Rivera, realizar observaciones en adjudicaciones ilegales y emitir tres informes por año a la Auditoría Superior del Estado.
Desde 2019, Maldonado no ha cubierto las observaciones que su clienta tiene en varias adjudicaciones: como fue la de alumbrado público por 463.5 millones de pesos que entregó a la empresa Eypo, puesto que en ese año la compañía no cumplía con el objeto social (fiscal) con el que firmó el contrato con la autoridad municipal.
Tampoco saldó el tema del barrido manual por 64.9 millones de pesor con la empresa Atelier Gemotrique.
Maldonado: el auditor favorito del morenovallismo
Gracias a las recomendaciones del exgobernador Rafael Moreno Valle, Juan Manuel Maldonado fue contratado en la entidad como el principal auditor externo de entes públicos.
De 2014 a 2016 fue auditor externo del exedil Antonio Gali en el ayuntamiento de Puebla. En 2017 del exalcalde Luis Banck Serrato, de Leoncio Paisano Arias y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De acuerdo con información obtenida por transparencia de los distintos organismos públicos y ayuntamientos, se sabe que en 2019 el despacho de Maldonado cobró 12 mil 743 mil 510.13 pesos a nueve clientes:
En el 2018 obtuvo contratos por un monto de 14 millones 258 mil 820.02 pesos a 10 clientes, entre ellos a Leoncio Paisano, a Luis Banck, al titular de la SEP y al extitular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
Destaca este último caso, pues es el organismo donde más se ha detectado el uso de empresas fantasma y un desvío millonario, en el que están implicados los extitulares Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien se encuentra prófugo, y Gustavo Guzmán.
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