Gustavo Guzmán y Jorge Benito Cruz Bermúdez, dos de los cuatro extitulares del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) que fueron denunciados en noviembre de 2020, están acorralados, pues en cualquier momento la Fiscalía General del Estado de Puebla podría solicitar a un juez una orden de aprehensión en su contra.
Distintos jueces rechazaron a los dos exservidores públicos tres amparos promovidos durante los últimos seis meses, por lo que deberán responder ante las autoridades ministeriales sobre el destino de al menos 312 millones de pesos en 170 escuelas fantasma.
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Este 10 de marzo se celebraron las audiencias constitucionales; por un lado, el Juez Primero de Distrito rechazó la suspensión definitiva a la solicitud de amparo 997/2020 a Jorge Benito Cruz; lo mismo resolvió el Juzgado Segundo de Distrito en el expediente 90/2021 a Gustavo Guzmán, quien firmaba como licenciado cuando fue encargado de despacho, pese a carecer de ese nivel educativo, durante el periodo del 18 de enero de 2018 al 11 de febrero de 2019.
A finales del año anterior, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla rechazó el amparo número 537/2020 a Jorge Benito Cruz, quien fue titular del Capcee del 5 de enero de 2016 al 17 de enero de 2018.
Dentro de las investigaciones se encuentran Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León y Gustavo Guzmán Fernández, quienes fueron responsables de dicha área en los gobiernos anteriores.
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En total son cuatro los extitulares a quienes la Auditoría Superior del Estado de Puebla denunció en noviembre de 2020 ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de operaciones simuladas, es decir, por el desvío de recursos a través de empresas fantasma.
Aunque se han dado a conocer distintas cifras, unas apuntan a más de mil 200 millones de pesos, lo documentado ante la Fiscalía es por 312 millones de pesos en obras fantasma, pues no se ejecutaron los recursos en escuelas, a como justificaron el gasto.
Los denunciados son Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León y Gustavo Guzmán Fernández, quienes fueron responsables de dicha área en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali.
En el caso de Cruz Bermúdez fue este 9 de marzo cuando se dio a conocer que presentó su renuncia con carácter de irrevocable al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y, este a su vez, la entregó al Congreso de Puebla, pero aún está en análisis.
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Jorge Cruz fue uno de los políticos más cercanos al exgobernador Rafael Moreno Valle, antes de llegar al Capcee fue dirigente estatal del PRD, secretario general de Gobierno y secretario de Educación Pública. En 2018 fue designado magistrado en el TSJ.
Este 10 de marzo, MTPNoticias dio a conocer que Fortar SA de CV fue una de las factureras favoritas de Jorge Benito Cruz Bermúdez al frente del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
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Este medio obtuvo una de las facturas pagadas a través de la Secretaría de Finanzas el 4 de abril de 2017 a dicha empresa fantasma, cuando Benito Cruz fungía como titular del Capcee, por un monto de 14 millones 935 mil 344.83 pesos, en la que no se especifican las instituciones públicas donde se ejecutaron las obras.
