Como parte de la limpia que realiza el gobierno de Alejandro Armenta, al menos cinco funcionarios han sido inhabilitados por “faltas graves”.
De acuerdo con datos de la Plataforma Digital Estatal (PDE), donde hay información de los servidores públicos sancionados, desde 2022 a la fecha, han sido sancionados 11 trabajadores del estado.
De ese total, cinco corresponden al gobierno de Armenta, a quienes inhabilitaron de uno a 11 años por sus conductas.
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Los trabajadores eran todos de distintas áreas, incluyendo las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y la de Educación Pública (SEP).
Limpia en gobierno de Armenta, ¿quiénes son los cinco funcionarios inhabilitados?
Ada Elene Olivier Sánchez, profesora del bachillerato ‘Octavio Paz Lozano’ adscrito a la SEP, la sancionaron con lo que se denominó una “falta administrativa grave”.
Sin embargo, la plataforma no indica si la docente cometió cohecho, peculado, abuso de funciones, nepotismo u otra conducta inadecuada.
El 22 de noviembre del 2023 la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió su sanción.
Olivier Sánchez quedó fuera de todo trabajo en el servicio público por un periodo de cinco años y medio, del 26 de junio del 2025 y hasta el 26 de diciembre del 2030.
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Manuel Salvador Díaz Martínez, policía ‘A’ de la Dirección de Operaciones Especiales de la SSP, es otro que resultó inhabilitado de su cargo.
La PDE cataloga su caso como una “falta administrativa grave”, misma que el 31 de marzo del 2025 lo condenó a una inhabilitación de un año a partir del 26 de junio de este año.
Uno más de los casos fue el de Carlos Paredes Mejía. Médico familiar del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado De Puebla (Issstep).
Su caso está catalogado como una “falta administrativa grave” sin especificar en qué tipo de conducta incurrió.
El 30 de agosto del 2024 la sala especializada del TJA resolvió inhabilitarlo por 11 años, desde el siete de febrero del 2025 y hasta el siete de febrero del 2036.
Luego está Marcelino Sánchez Rivera, quien fungía como encargado de despacho de la dirección general del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep).
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En 2021 también figuró como candidato a diputado federal con el PRD, en el distrito uno con cabecera en Huauchinango.
El 30 de julio del 2024 el TJA lo inhabilitó por 10 años por una “falta administrativa grave” a partir del 19 de febrero del 2015 y hasta el mismo día, pero del año 2035.
Patricia Elena Márquez Lugo trabajó en la administración estatal como coordinadora de la ‘Casa del Adolescente’ del Sistema Estatal DIF (Sedif).
Al igual que los otros casos, su conducta se catalogó como una “falta administrativa grave”. Y el 29 de noviembre del 2024 el tribunal decidió no permitirle más trabajar en el servicio público, iniciando desde el 26 de marzo del 2025 y hasta el 2026.
Cabe destacar que ninguno de los servidores sancionados recibió una multa económica y sus conductas tampoco llevaron al inicio de acciones penales.
