“Apoyamos la posición nacional”, así, el gobernador Alejandro Armenta se alineó con la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar el fuero a nivel federal y no regresarlo en Puebla.
Entrevistado este tres de octubre, el mandatario se pronunció a favor de la propuesta que anticipó la presidenta desde el primero de octubre, con la que quitarán el fuero a diputados federales y senadores de la República.
Según el gobernador, los legisladores y otros funcionarios se han valido de esta figura para no rendir cuentas por el mal uso de la función pública.
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En este sentido, el jefe del ejecutivo aseguró que respalda la iniciativa de la presidenta, a fin de que ningún funcionario lo use como un “manto inmaculado” para evadir la ley.
“El fuero no es un manto que te vuelva inmaculado ante delitos o acciones que pueden ser castigadas. Entonces, nosotros apoyamos la posición nacional”, dijo.
Armenta apoya a Sheinbaum: no regresarán fuero en Puebla
Lo anterior a pesar de que el gobernador poblano estaba a favor de devolver esta figura jurídica a los diputados en el Congreso de Puebla.
Cabe recordar que en 2020, él entonces gobernador Miguel Barbosa promovió la eliminación del fuero tanto para diputados como para el gobernador del estado.
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En diciembre del 2024, durante su breve paso como legislador, el hoy secretario de Gobernación de Armenta, Samuel Aguilar Pala, presentó una reforma para regresarle el fuero a diputados locales en Puebla.
No obstante, ahora con el pronunciamiento de la presidenta, ya no respalda dicha reforma y apuesta porque los legisladores, así como la figura del gobernador, se mantengan sin fuero.
Dijo que lo mejor para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades, es “comportarse bien” y con apego a la ley.
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A nivel local, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, dijo que esperarán la línea desde el nivel nacional para saber si le dan avance a la iniciativa de Samuel Aguilar, o si se mantienen como actualmente están, es decir, sin fuero.
Del lado de la oposición, estar a favor de la eliminación de cualquier tipo de protección jurídica para los servidores públicos que presuntamente violan la ley, como es el caso Adán Augusto López.
