Del Cártel del Despojo, al de las concesiones, en su primer año de gobierno fueron numerosos los casos de corrupción que exhibió el gobierno de Alejandro Armenta en Puebla.
Desde el Gobierno del Estado, se dieron a conocer los contratos, obras fantasma, concesiones y despojos con los que se aprovecharon los empresarios y funcionarios para hacer negocios millonarios.
Esto abarca negocios inmobiliarios, sistemas de transporte público e inclusive mafias al interior de la administración estatal, en colusión con empresarios.
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Cártel de las Concesiones, del Despojo, corrupción: esto exhibió Armenta en primer año
Uno de los más recientes, es el caso del Cártel de las Concesiones expuesto por José Luis García Parra, grupo que se hizo de contratos “leoninos” en el transporte público de Puebla.
El 26 de noviembre, el funcionario expuso que a través de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), los gobiernos del PAN y uno de Morena beneficiaron a un grupo de empresarios.
Desde su inauguración en 2013, con Rafael Moreno Valle, inició la entrega de concesiones con la línea uno, seguido de la dos en 2015, mientras que Tony Gali dio la línea tres en 2018.
En 2024, ocurrió la entrega de la línea 4 o Ruta Línea Metropolitana del Periférico Ecológica, con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, de Morena.
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Los ganadores fueron tres grupos empresariales:
—Sistema de Transporte Metropolitano de Puebla, del empresario Jesús Padilla, en la línea uno.
—Tatpa Transportes, de ADO, en las líneas dos y tres.
—Transportes Ecológicos de Puebla, de Estrella Roja, en la línea cuatro.
29 años más tienen de contrato estas empresas, gracias a las concesiones que les otorgaron a discreción y con contratos que impiden al Gobierno del Estado liquidarlos.
Han hecho negocio con la RUTA por más de 10 años, pero ahora cancelar los contratos cuesta a la administración estatal más de 22 mil millones de pesos.
Fraude multimillonario con el Museo Barroco: presupuesto inflado de 500 millones
Construido bajo el esquema de asociación público-privada (APP), después de nueve años, el Museo Internacional del Barroco (MIB) dejó de ser de la familia Hank Rhon tras liquidar la deuda de 10 mil millones de pesos.
El 13 de enero del 2025, Armenta reclamó que si los Hank “tuvieran tantita vergüenza”, ya hubieran entregado el museo a los poblanos.
Y es que, tras su inauguración en 2016 y hasta mayo del 2025, el estado pagó tres mil 974 millones de pesos y todavía estaba lejos de “arañar la deuda”; faltaban otros 10 mil millones hasta el 2039.
De acuerdo con un avalúo del estado, en ese momento el valor de la obra no debió superar los 800 millones de pesos, aunque en estos días pudo ser de hasta dos mil millones de pesos.
El 16 de junio, conforme avanzaron las negociaciones, el mandatario dio a conocer un pacto con los Hank para el pago anticipado de la deuda.
Finalmente, el 23 de junio llegó el día en que Alejandro Armenta firmó el convenio de terminación de la deuda con Grupo Hermes Infraestructura, propiedad de los Hank Rhon.
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El gobierno contrató un crédito de dos mil millones de pesos con Banorte, también de los Hank, para pagar la deuda, mismo que será liquidado en agosto del 2026.
Con el pago también quedó en evidencia el fracaso que significó el MIB, pues nunca cumplió su meta de 400 mil visitas anuales y en su mejor año apenas metió 209 mil personas.
El Cártel del Despojo: la corrupción en Registro Público y Catastro
Notarios, jueces, inmobiliarias, el Registro Público de la Propiedad y el Catastro, integran en Puebla el Cártel del Despojo, grupo dedicado a robar propiedades con un modus operandi ya identificado.
El 16 de julio de 2025, en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula, el cártel se apoderó de siete viviendas como presunto pago de una deuda.
Lo anterior luego de que dos vecinos iniciaron un litigio por un millón de pesos y acudieron a un juzgado de Oaxaca, donde se ordenó entregar un terreno a la afectada, Emma, pese a que ahí había casas con 30 años de antigüedad.
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El caso llegó al Gobierno estatal y el cuatro de agosto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, anunció una iniciativa contra el Cártel del Despojo.
El 29 de septiembre, el gobernador añadió que estas empresas también causan daño ambiental, tirando desechos al río Atoyac.
Este ocho de diciembre, Armenta calificó al Registro Público de la Propiedad y el Catastro como “nidos de corrupción” en los que sólo se hacen negocios.
“Los poblanos que me están viendo saben a qué me refiero. Corruptelas brutales y, uno de los principales puntos de corrupción, llegaban ahí”, dijo.
Con el uso de tecnología, su administración se plantea combatir ese problema en las dos instituciones que sirvieron al Cártel del Despojo.
Chidiac y otros en la mira por irregular entrega de plazas de la SEP
Hasta 10 años atrás investigará el Gobierno del Estado la supuesta entrega de plazas irregulares en la SEP, lo que pone en la mira a Jorge Estefan Chidiac y otros que han pasado por la dependencia.
Así lo evidenció García Parra el pasado 24 de noviembre, cuando dió a conocer que el estado ya inició una auditoría por los últimos 10 años de gestión en la SEP.
Esto no sólo incluye la entrega de plazas, sino también la de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), para instituciones de nivel superior en Puebla.
La meta es revisar millones de expedientes y dar con los funcionarios corruptos que hicieron negocio con la entrega de las plazas.
Entre los exfuncionarios están Chidiac, Isabel Merlo Talavera, José Luis Soria y Patricia Vázquez del Mercado.
El asunto no sólo está en la mira local, ya que un día después la presidenta Claudia Sheinbaum tomó conocimiento del caso e instruyó al titular de la SEP federal, Mario Delgado, iniciar una investigación para sumarse a la auditoría planteada por Armenta.
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En cuanto a los empresarios expuestos destaca el caso de Melgarejo Construcciones, empresa que pretende cobrar al Gobierno del Estado por una obra que no realizaron.
El 17 de enero, Alejandro Armenta reveló que el estado tiene una deuda por la cancelación de la obra del Libramiento Poniente.
Melgarejo gastó 71 millones de pesos por los estudios de derecho de vía, pero al final la obra no se hizo y la constructora denunció al estado.
Con presuntos actos de corrupción, Armenta aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra del estado, lo que derivó en la obligación de pago de 640 millones de pesos.
La advertencia fue que, si no renegociaban la deuda, iban a exponer las “obras corruptas” con las que se beneficiaron en sexenios pasados.
Para el 12 de marzo, el gobernador reveló que la empresa le hizo una “oferta” para liquidar la deuda con mil millones de pesos, más de lo que ordenó la SCJN.
Se pronunció en contra e incluso dijo que prefería que lo removieran del cargo, para no pagarle a Melgarejo una obra que nunca hicieron.
El 15 de abril, nueva información surgió y el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra dio a conocer que la empresa estimaba los daños en dos mil 200 millones de pesos, pero con una “rebaja”, la dejaban 998 millones.
El Gobierno del Estado siguió en litigio de la obra, esperando que con los cambios en el Poder Judicial de la Federación (PJF), se reabran casos como el que afecta al estado de Puebla.
Grupo Proyecta se niega a donar terrenos para vivienda de policías
El 10 de abril, el gobernador Alejandro Armenta inició una confrontación directa con uno de los grupos inmobiliarios más poderosos del estado: Grupo Proyecta.
Ese día, el gobernador pidió a Proyecta donar dos hectáreas de terreno para la construcción de casas para policías; de lo contrario, en 30 días iba a iniciar el proceso de expropiación de cuatro hectáreas.
Aunque dijo que su riqueza era legal, puso sobre la mesa el hecho de que, por años, Grupo Proyecta de la familia Posada, presuntamente ha despojado de sus terrenos a las familias de campesinos.
El 11 de abril, dijo que el estado intentó comprar terrenos a la inmobiliaria, pero les querían vender “en dólares lo que compraron en centavos”.
Los despojos también se dieron en Santa Clara Ocoyucan, donde se avivaron las protestas de los despojados tras la detención de Emiliano Zambrano, uno de los opositores a la construcción City Lomas Ocoyucan.
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Para el 13 de abril, el mandatario desistió de su intención de expropiar las cuatro hectáreas de Grupo Proyecta para no dejarlos “en pobreza extrema”.
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A cambio, obtuvo donaciones de empresas como Grupo Haras y Ciudad Maderas, en municipios de Puebla, Amozoc y Cuautinchán.
Días después, el 16 de abril los pobladores de Ocoyucan acusaron públicamente que desde el Registro Agrario Nacional (RAN) cambiaban de nombre las propiedades, en beneficio de Grupo Proyecta.
