Por años, “Puebla tuvo gobiernos de delincuencia organizada”, esto por los contratos leoninos otorgados por administraciones pasadas, así lo acusó el gobernador Alejandro Armenta.
Este martes dos de diciembre, el mandatario expuso que en el estado hubo delincuentes disfrazados de gobernantes, que contrataban a los trabajadores de empresas en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Finanzas.
Explicó que se encargaban de avalar sobrecostos y trabajos complementarios en obras públicas, a fin de que las empresas pudieran cobrar miles de millones de pesos al estado.
Te recomendamos: Pide Armenta a Morena y a otros no ser “partidos delincuentes”
Esto, dijo, lo hicieron gracias a que los abogados del Gobierno del Estado, quienes debían atender al interés público, estaban coludidos con las empresas.
“Los empresarios simularon obras inexistentes, que avalaron como si se hubieran hecho. Ese es un modus operandi que se repitió 20 años generando deuda, contratos, amparos”, dijo.
Agregó que inclusive entregaron “moches” a los jueces y magistrados del Poder Judicial, a fin de que fallaran en contra del estado.
Indicó que el Gobierno del Estado tiene más de 10 contratos que, por dictamen judicial, debe pagar y que representan un gasto de miles de millones de pesos, incluso de obras inexistentes.
En sus palabras, afirmó que este actuar es idéntico al de los grupos criminales, por lo que se trata de delincuencia organizada que gobernó el estado y a la que ahora su administración se enfrenta.
“Cuando dos o más personas se organizan para cometer un ilícito, ¿cómo se llama? Delincuencia organizada, es decir, tuvimos gobernantes que cometieron presuntos actos de delincuencia organizada”, dijo.
Puede interesarte: “No estoy haciendo ‘vaquita’ para la presidencia”: Armenta sobre 2030
Puebla tuvo gobiernos de delincuencia organizada; cambiará con nueva SCJN, afirma Armenta
Ahora que hay una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador Alejandro Armenta espera que estas sentencias cambien en favor del Gobierno del Estado.
Lo anterior gracias a la propuesta de la ministra Lenia Batres, quien pretende que los asuntos juzgados y con sentencia firme, conocidos como cosa juzgada, se puedan reabrir en caso de que haya vicios en el proceso.
Y es que, según el gobernador, las leyes en Puebla se hicieron para favorecer el saqueo, beneficiando a empresas privadas.
Sugerimos leer: Pagan poblanos 270 MDP al año por CIS Angelópolis; busca Armenta renegociar deuda
Dijo que si el gobierno pretende cancelar un contrato con un privado, la penalización “es brutal”.
Puso de ejemplo la concesión de Agua de Puebla, cuya cancelación tiene un costo de 20 mil millones de pesos.
Mientras que las de las cuatro líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) ascienden a 22 mil millones.
Armenta aclaró que estos contratos leoninos sólo fueron posibles por la colusión entre los gobiernos y empresarios extranjeros a los que tachó de “tiburones” y “leviatanes”.
“Andan de país en país, coludiéndose con gobernantes corruptos, a los que convencen con un espejito y una plantita”, dijo.
