Para que haya una denuncia se necesita un hecho y pruebas o evidencias que permitan su comprobación. Entre más sustanciosa sea la información proporcionada, mejor esclarecimiento de la situación.
Denunciar un hecho que ocurrió entre 2016 y 2019 requiere de pruebas, muchas pruebas, pero sobre todo la comprobación de la permanencia del problema y la incapacidad de los responsables de solucionar dicha situación.
Las líneas anteriores vienen a cuento a raíz de un refrito que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la información contenida en la Plataforma de Calidad de Agua en Escuelas, respaldada por la Red de Organizaciones de Acción por el Agua-FANMex, la asociación civil Cántaro Azul y el Inventario Nacional de Calidad de Agua-INCA.
Te sugerimos: El SOS del PRI
Esa plataforma incluye 27 mil dictámenes elaborados, entre 2016 y 2019, por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y laboratorios acreditados sobre la calidad de agua que llega a los centros escolares.
El resultado, según el análisis de este concierto de organizaciones, es que existen “altos riesgos a la salud por agua contaminada provista a escuelas en, al menos, 954 municipios dispersos en los 32 estados de la República Mexicana”, lo cual significaría el incumplimiento de la NOM-127, del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. El líquido, sostienen, esta contaminada por heces fecales y tóxicos hidrogeológicos y antropogénicos.
Crear una plataforma que permita identificar si una autoridad o empresa concesionaria ha cumplido con la norma y obligar a una evaluación rigurosa no sólo es plausible sino una medida que todos debemos apoyar.
El problema surge cuando esa información es utilizada con fines políticos, descontextualizar la situación y utilizar el tema como golpeteo constante sin argumentos, evidencias o medias verdades.
Un caso ejemplar es La Jornada de Oriente que difundió una nota plagada de imprecisiones para montarse de la información y lanzar sus dardos contra la empresa concesionaria Agua de Puebla Para Todos.
Desde su origen, el problema es tan grave que los editores de ese medio son incapaces de entender la diferencia entre una concesión y una privatización; o bien carecen de fuentes fiables para argumentar técnicamente y quienes pasan por especialistas fueron los responsables de contratar la multimillonaria deuda que quebró técnicamente al Soapap.
Recomendamos: Eduardo Rivera: Ganar perdiendo
Lo peor es cuando se hacen pasar como “especialistas” a activistas que podrán saberse la Internacional Socialista, pero no entienden ni jota del complejo mundo del agua y saneamiento, de ahí que prefieren montarse en el tema con evidente lucro político.
Dicho medio difundió que “en el mapeo que realizó la CNDH de las escuelas del estado de Puebla, y en específico de su capital, se revisó la información de al menos 50 planteles públicos para constatar los parámetros químicos que contiene el agua, donde todas las mediciones de contaminantes son similares por la concentración de tóxicos”.
Los errores abundan. Por ejemplo, en la plataforma y el análisis no participa en ningún momento la CNDH, sino tres organizaciones no gubernamentales. Tampoco se explica que todo surge de los 27 mil expedientes obtenidos no por ese organismo gubernamental, sino por las organizaciones civiles. Mucho menos, se precisa que la plataforma fue lanzada desde noviembre de 2020 y que se trata de información relativa al periodo 2016-2019.
Lee más: La obsesión de Lalo Rivera
De los 50 planteles que informa la nota, se desprende que se dieron a la tarea de revisar solo tres escuelas que, si bien cuentan con una matrícula muy grande, no representan ningún universo.
Y, bueno, para cerrar el ostión de la desinformación omitieron dos elementos importantes: la metodología del estudio de marras, así como preguntar a las instancias responsables si el problema fue real y está vigente.
Por el contrario, decidieron darle voz a un sujeto llamado Manuel Bravo Bruno, cuya principal característica es desempeñarse como vocero de los trabajadores despedidos del Soapap, quien aprovechó para fijar una postura política y no técnica.
El riesgo de difundir medias verdades es que los datos duros son incontrovertibles. Ser desmentido públicamente es duro, pero ser exhibido como mentiroso, es peor.
Así pues, Agua de Puebla para Todos difundió un comunicado que echa a la basura cada una de las impresiones del texto de marras.
Precisión 1: Las 822 escuelas ubicadas dentro de la zona de cobertura de la concesionaria reciben el suministro a través de 198 fuentes, principalmente pozos subterráneos, los cuales son desinfectados permanente con hipoclorito de sodio al 13 por ciento, de acuerdo como lo establece la norma NMX-K-281-SCFI-2012 y que elimina cualquier tipo de patógeno.
Precisión 2: La eliminación de patógenos en el agua suministrada cumple con la NOM-127-SSA1-2000: “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” y está supervisada por la Secretaría de Salud.
Te puede interesar: El alcalde operador
Precisión 3: El análisis a las fuentes de abastecimiento mide los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de agua potable, de acuerdo con la NOM-179-SSA1-2020: “Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano”. En lo que va del año se han realizado 2 mil 920 análisis de calidad bacteriológica en los pozos, la red de distribución, tanques y rebombeos de agua que abastecen a la zona de cobertura.
Precisión 4: La concesionaria atiende a 1.7 millones de habitantes y diariamente realiza 75 monitoreos diarios en las tomas de los usuarios y líneas de distribución, a fin de verificar la calidad del agua con presencia de cloro residual libre. En el año suman 15 monitoreos, lo que supera en 200 por ciento lo que establece la norma sanitaria y asegura el suministro de calidad.
Precisión 5: Algunas escuelas optan por comprar pipas de agua para abastecerse, por lo que en coordinación de la SEP comenzaron en la dotación de hipoclorito de sodio para la dosificación adecuada y aplicación en los distintos puntos de almacenamiento.
Todos y cada una de las mediciones se encuentran en manos de las autoridades responsables y su entrega forma parte de las obligaciones legales de la concesionaria.
No sobre decir que a eso se agregan auditorías permanentes -pública y privadas- que comprueben un correcto funcionamiento del organismo.
Como puede leer, una cosa son los datos duros y otra la politiquería que tanto detesta la 4T.