A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Puebla adecuar la legislación en favor de las infancias trans, el Poder Legislativo estatal contempla realizar una consulta antes de avanzar en la reforma.
Así lo dio a conocer Mauricio Céspedes, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, quien explicó que el tema no terminará abordado de manera inmediata debido a la diversidad de posturas que existen en torno a esta iniciativa.
El legislador reconoció que el Congreso cuenta con un plazo de seis meses para cumplir con la resolución judicial, el cual quedó reiterado el pasado cinco de mayo de 2026 por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar.
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No obstante, sostuvo que se trata de un asunto que requiere un proceso de diálogo amplio para evitar decisiones apresuradas y construir una propuesta que contemple distintos puntos de vista.
“Se tiene que cabildear perfectamente, por lo que vamos a iniciar mesas de trabajo para escuchar a todas las voces y sacar la mejor conclusión a favor de la niñez poblana”, declaró.
En ese sentido, indicó que el Congreso buscará escuchar tanto a sectores que respaldan la reforma como a aquellos que han manifestado su rechazo, al considerar que el tema genera posiciones encontradas en la sociedad.
Retraso legislativo y lineamientos de la Corte
La resolución de la SCJN que obliga a legislar en la materia data desde 2022; sin embargo, a más de tres años, el Congreso de Puebla no ha concretado las modificaciones necesarias al marco legal.
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Entre las propuestas que se han analizado se encuentra una iniciativa presentada en la legislatura pasada, que plantea eliminar restricciones en el Código Civil que actualmente impiden a menores de 18 años modificar su identidad de género en documentos oficiales.
El 28 de octubre, la comisión correspondiente retomó este planteamiento, el cual incluye la derogación de disposiciones vigentes y la incorporación de nuevos artículos para garantizar este derecho.
Además, el área jurídica del Congreso informó que el tres de octubre se recibió un nuevo oficio de la SCJN para reiterar la obligación de legislar conforme a los criterios establecidos por el máximo tribunal.
Entre estos lineamientos establecen que el procedimiento debe ser ágil y basado en el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles ajustar su nombre y datos en el acta de nacimiento.
También se señala que la legislación no debe imponer requisitos considerados estigmatizantes, como intervenciones médicas o tratamientos hormonales, y que el trámite deberá realizarse con el acompañamiento de padres o tutores, bajo supervisión de autoridades especializadas.
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Actualmente, aunque la llamada Ley Agnes reconoce el derecho a la identidad de género, mantiene como requisito la mayoría de edad para acceder a este proceso, lo que quedó señalado como una limitante frente a los estándares definidos por la SCJN.
