En el Congreso de Puebla se anticipan y aseguran que la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, no será destituida fácilmente como solicita su Cabildo debido a que “no hay pruebas” en su contra.
El director jurídico de la Legislatura Local, Jesús Lezama, informó que en el expediente entregado por el Cabildo, no se integraron evidencias de que Guadalupe Bárcenas haya cometido algún o irregularidad como el cuerpo edilicio afirma.
“La simple solicitud no actualiza la causal. Presentan anexos que son solicitudes de información; no hay ningún dictamen. Si bastara con la presentación o con dichos, cualquiera podría promover una revocación de mandato”, informó Lezama.
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La solicitud de revocación fue presentada de manera formal por el Cabildo de Acatlán ante el Congreso el pasado viernes 19 de junio, informó el diputado Pável Gaspar, titular de la Legislatura Local.
Al respecto, dió a conocer que será el próximo 25 de junio cuano el documento de solicitud lo presenten en sesión ordinaria ante el presidente de la mesa directiva.
Posteriormente el asunto lo remitirán a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que lo sometan a discusión por parte de los diputados que conforman este organismo.
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Congreso se anticipa y asegura que no hay pruebas para quitar a alcaldesa de Acatlán
De acuerdo con pobladores y regidores del Cabildo de Acatlán, la solicitud de revocación de mandato fue impulsada por presuntas irregularidades en la administración de la alcaldesa. No obstante, el área jurídica del Congreso informó que el expediente carece de pruebas que acrediten dichos señalamientos.
Al respecto, Jesús Lezama, director jurídico del Poder Legislativo del Estado, informó que será responsabilidad de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizar el expediente para determinar los posibles motivos para su destitución.
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Lezama expresó que las causas para su revocación pueden ser distintas, es por ello que los diputados de la comisión solicitarán el apoyo de diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) para estudiar el expediente.
Esto se debe a que dependiendo del motivo, las autoridades correspondientes deberán avalar las pruebas que acrediten el presunto ilícito, pues el Congreso no cuenta la facultad para determinar si la alcaldesa incurrió en alguna falta.
