Pese a la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal para intentar contener la crisis política en Acatlán de Osorio, el grupo de regidores insiste en sacar a la alcaldesa Guadalupe Bárcenas tras el diálogo celebrada en Casa Aguayo, además de lograr la salida del mando marino encargado de la seguridad municipal.
Ese mismo día el Cabildo formalizó ante el Congreso del Estado la solicitud para revocar el mandato de la presidenta municipal, un procedimiento que hasta entonces no había sido iniciado de manera oficial ante el Poder Legislativo.
La reunión se realizó el pasado viernes 19 de junio en las instalaciones de Casa Aguayo, donde participaron el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt; representantes de diversas dependencias estatales; la alcaldesa y los integrantes del Cabildo.
El conflicto político en Acatlán se arrastra desde el pasado ocho de junio, cuando regidores y síndico aprobaron un acuerdo para buscar la salida de Bárcenas del gobierno municipal.
Sin embargo, hasta ese momento no existía una petición formal dirigida al Congreso de Puebla, instancia facultada para analizar una eventual suspensión o revocación de mandato.
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Mientras se desarrollaba la reunión convocada por el gobierno estatal, los integrantes del Cabildo ingresaron finalmente la solicitud formal ante el Legislativo poblano para iniciar el procedimiento contra la presidenta municipal.
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En el documento entregado al Congreso, los regidores argumentan que Guadalupe Lucero Bárcenas habría incurrido en actos y omisiones que presuntamente afectaron la legalidad, la rendición de cuentas, el uso adecuado de recursos públicos, la gobernabilidad municipal y los derechos tanto de trabajadores como de juntas auxiliares.
Asimismo, señalaron que su comparecencia se realiza de manera directa y conjunta, sin designar representantes legales o voceros, con la intención de participar personalmente en cualquier procedimiento que determine el Congreso del Estado.
Horas después de concluida la reunión, la Secretaría de Gobernación difundió un comunicado en el que aseguró que se habían alcanzado acuerdos para mantener la gobernabilidad del municipio y continuar el diálogo entre las partes.
Sin embargo, el documento no detalló cuáles habían sido esos compromisos ni hizo referencia a la solicitud de revocación de mandato.
La respuesta llegó poco después por parte del propio Cabildo, que difundió un posicionamiento donde reveló los acuerdos alcanzados durante la mesa de trabajo.
Entre ellos destaca la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Alberto Domínguez, elemento con formación en la Marina, así como una investigación sobre su actuación durante la actual administración.
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También se acordó la remoción del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez; la realización de una auditoría extraordinaria a las finanzas municipales; la revisión de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento y la instalación de mesas de atención ciudadana para recibir denuncias e inconformidades de la población.
Por último, el conflicto político en Acatlán está lejos de concluir y ahora se traslada al ámbito legislativo, quien tendrá que analizar y someter a votación la solicitud.
