La alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, ya cuenta con protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal luego de denunciar que integrantes del grupo delictivo ‘Los Rojos’ la han amenazado de muerte y están detrás del intento de sacarla del ayuntamiento.
Así lo informó el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien explicó que las medidas de seguridad fueron otorgadas después de los señalamientos realizados por la presidenta municipal, debido al riesgo que implica acusar directamente a una organización criminal.
La polémica en el municipio se intensificó tras la sesión de Cabildo del pasado ocho de junio, cuando un grupo de regidores impulsó acciones para remover a la alcaldesa de su cargo, situación que derivó en un conflicto político que continúa sin resolverse.
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Días después, el 15 de junio, Bárcenas acusó públicamente a Pedro ‘El Peye’, presunto líder de ‘Los Rojos’, de estar detrás de las protestas y movimientos que buscan afectar la gobernabilidad en Acatlán de Osorio.
Según la alcaldesa, el trasfondo del conflicto está relacionado con la permanencia del titular de Seguridad Pública municipal, a quien designaron bajo los lineamientos de la estrategia estatal de seguridad y cuya salida exigen grupos vinculados a intereses ajenos al ayuntamiento.
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Dan protección a alcaldesa de Acatlán; Gobernación busca diálogo entre ella y regidores
Ante la confrontación, la Secretaría de Gobernación estatal mantiene abiertos canales de diálogo con ambas partes para intentar alcanzar acuerdos que permitan restablecer la estabilidad política en el municipio.
Aguilar Pala explicó que la responsabilidad de investigar los señalamientos realizados por la presidenta municipal corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, instancias encargadas de determinar si existen elementos que vinculen a grupos criminales con el conflicto.
El funcionario señaló que recientemente se organizó una mesa de conciliación en la que participaron representantes de Gobernación, la Fiscalía, la SSP y la Comisión de Derechos Humanos; sin embargo, los regidores inconformes no acudieron al encuentro.
Aseguró que el gobierno estatal mantendrá una postura imparcial y actuará conforme a la ley en caso de encontrarse responsabilidades de cualquiera de las partes involucradas.
Respecto a los intentos de destitución promovidos por integrantes del Cabildo, Aguilar Pala recordó que cualquier procedimiento para remover a una autoridad municipal debe apegarse a la legislación vigente y no puede resolverse mediante acuerdos políticos sin sustento legal.
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Incluso, aunque descartó adelantar escenarios, reconoció que la integración de un Concejo Municipal podría ser una medida extrema en caso de que el conflicto escale y las condiciones de gobernabilidad así lo requieran. Por ahora, dijo, la apuesta del gobierno estatal sigue siendo el diálogo entre las partes.
