La creación de un Consejo Estatal, regular los comités ciudadanos, estudios de inteligencia para combatir el crimen, forman parte de la iniciativa de Ley de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia que envió el gobernador Alejandro Armenta al congreso local.
Con el fin de mejorar la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos en el estado, el mandatario envió la propuesta que de aprobarse, la entidad dejará de formar parte de siete entidades que no cuentan con esta regulación en el país.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) 2024 del INEGI, el costo total de la inseguridad y delitos en hogares en Puebla durante 2023 fue de 17 mil 500 millones de pesos, un promedio de 7 mil 578 pesos por víctima.
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En ese periodo, 561 mil 705 hogares tuvieron a una víctima de un delito, el 31 por ciento de familias en el estado.
¿En qué consiste la Ley de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia de Armenta?
En la iniciativa, el gobernador plantea la instalación de un Consejo Estatal de Seguridad, en la que se definan políticas de prevención de la violencia.
También se propone la creación de la Comisión Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia que coadyuve en proponer mecanismos de monitoreo.
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En el caso de los municipios, se establece que deberán contar con áreas municipales de prevención, para lo cual deberán destinar presupuesto infraestructura, lo que implementará y evaluará las políticas públicas.
De igual forma, se integrarán comités ciudadanos de prevención en nivel primario, secundaria y terciaria.
Estarán obligados a crear un Plan Anual en materia de seguridad y definir los puntos de atención prioritaria por delitos.
Involucrar colonias, inspectorías, barrios, y juntas auxiliares, en tanto, los alcaldes deben redoblar los convenios de seguridad.
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Para dicho propósito también deberán de instalar Comités Ciudadanos.
Los municipios junto con el gobierno estatal deberán designar presupuesto para acciones de prevención de la violencia y delincuencia.
Para la aplicación de la ley habrá un periodo de 90 días, una vez que tenga su aprobación en el pleno del Congreso.
La iniciativa la turnaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local.
