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Representantes de la coalición Por Puebla al Frente que encabeza el PAN solicitó por escrito este lunes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impedir que el magistrado José Luis Vargas Valdez se entere de más detalles que deriva la impugnación presentada por Morena y su candidato, Luis Miguel Barbosa.
La justificación que se da para evitar que él voto el día que el proyecto de resolución filtrada por Twitter sea sometido a votación es que el magistrado “violó múltiples normas jurídicas que regulan el comportamiento de un juzgador”.
“Al publicar en una cuenta personal de Twitter un proyecto de sentencia sobre un asunto aún no discutido ni resuelto, el magistrado Vargas Valdez vulneró el deber de confidencialidad de los expedientes e incurrió en la prohibición de hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo (en este caso no sólo el sentido, sino también las consideraciones), ambos contemplados en el artículo 146 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se lee en un comunicado de prensa.
Para el equipo de Martha Erika Alonso, dicho comportamiento se aparta de lo previsto en el código de ética señalado, en torno a que:
1. De ningún modo los servidores judiciales electorales, bajo la supuesta convicción de actuar en beneficio o interés del tribunal o sala, están justificados para adoptar un comportamiento contrario a los principios y valores de dicho código.
2. Uno de los principios torales violados es el de objetividad, el cual, según dicho código, implica que los servidores judiciales electorales deben ajustar estrictamente sus actos a los criterios que las normas electorales dictan.
3. Ningún servidor judicial electoral debe proporcionar o comprometer debates, resultados o votaciones en cualquier forma o modo.
4. Dichos servidores públicos deben conducir con secrecía la gestión de información reservada o confidencial.
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En el comunicado se añadió que el “magistrado ponente actuó de manera arbitraria e irresponsable al difundir en sus redes sociales el proyecto citado, sin que existiera el acuerdo correspondiente del Pleno de la Sala a través de los mecanismos institucionales -por ejemplo, en la página de internet o en los estrados-, omisión que corrobora la ilegalidad apuntada y la necesidad de evitar que dicho Magistrado continúe poniendo en riesgo la validez de la elección de Gobernador del Estado”.
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