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Pagos injustificados a maestros por 45.7 millones de pesos identificó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, a través de una auditoría que practicó a los recursos ejercidos en 2017, durante la gestión de Carlos Martínez Amador.
Los pagos se realizaron a personal que fue reportado como comisionado a su sindicato, pero la dependencia federal no encontró la documentación que soportara las licencias.
Señalan anomalías
De acuerdo con los resultados de la auditoría, durante 2017 el Cobaep realizó pagos a docentes por 144.4 millones de pesos, de los que sólo fueron justificados 96.8 millones y 47.5 millones fueron calificados como “innecesarios”.
De la cantidad por solventar, 23.7 millones de pesos son de origen federal, por lo que la SFP requirió al Colegio reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
Entre las anomalías destacan 347 pagos quincenales a 111 trabajadores por un monto de 1.5 millones de pesos posteriores a la baja de éstos. Además, algunos desembolsos se realizaron mediante cheques y no mediante medios electrónicos, como establece la normativa federal en materia de contabilidad.
La SFP constató pagos para 678 plazas por 72.4 millones de pesos en total, de las que no estaban autorizadas 59 que representaron pagos en exceso por 4.1 millones.
En la lista de empleados, la auditoría identificó a 31 comisionados al sindicato del Cobaep que recibieron 14.4 millones de pesos, pero no se encontró la documentación que justificara el permiso de 12 personas.
Éstos empleados son: Ana Gloria Cadena González, Floriberto Campos Robles, Isela Gutiérrez Maldonado, Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Zoia Hernández Rivera, Henri Martínez Ricardi, Teresa Ortiz Ramírez, Juan Carlos Portugués Crespo, María Rugarcía Merino y Ciro Sánchez Escalona.
Los salarios de las 12 personas oscilan entre los 22 mil 710 y los 129 mil 631 pesos, según los datos de la revisión.
Por otra parte, la SFP ubicó dos cuentas bancarias del Cobaep en Bancomer, en las que deposita los recursos que recibe, sin embargo una de ellas no fue abierta específicamente para ese fin ya que data de agosto de 2007 y tenía un saldo de 16.1 millones de pesos antes de 2017, periodo correspondiente a la auditoría.
Además, a través de la revisión la secretaría encontró anomalías en los cheques de pago de los proveedores debido a que datos fiscales no se reflejaron en los documentos.
Crédito: e-consulta
Foto: e-consulta
