Golpes, detención ilegal e intento de violación, fueron parte de los actos de tortura cometidos a una mujer por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Ahora deben dar una compensación económica a la víctima.
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió la recomendación 5/2025, en la que acreditó que los ministeriales sí torturaron a una mujer en 2020.
Los hechos, relata el documento, ocurrieron el 31 de junio de 2020. Cuando la víctima atendió un llamado en la puerta de su casa, ubicada en el municipio de San Juan Xiutetelco.
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Apenas abrió la puerta, entre las 15:00 y 16:00 horas, un grupo de 10 agentes de la Fiscalía vestidos con ropa de civil, chaleco antibalas y portando armas, entraron por la fuerza a su domicilio en la unidad habitacional ‘El Encanto’.
Una vez dentro, golpearon a su esposo para posteriormente arrestarlos a ambos, sin decirles el por qué de su detención. La escena se dio frente a los dos hijos de la pareja.
Ambos terminaron en camionetas en las que los ministeriales comenzaron a golpearlos. Ella fue llevada a un monte donde siguieron los golpes y amenazas de torturar y matar a sus hijos.
Los golpes no se detuvieron, hasta que llegaron al municipio de Teziutlán, donde uno de los agentes de la FGE le bajó el pants e intentó violarla.
La tortura siguió, ya que los ministeriales la ahogaron en repetidas ocasiones con una bolsa de plástico en la cabeza para cortarle la respiración.
El viaje en camioneta terminó cuando a la víctima la trasladaron a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. Ahí la hicieron firmar documentos en los que aseguraba que la detuvieron en un vehículo, hecho que no ocurrió.
Sin ninguna prueba o explicación, ambos quedaron acusados de secuestro y presunta delincuencia organizada.
Ministeriales torturan e intentan violar a mujer; Fiscalía de Puebla debe pagar compensación
No fue sino hasta 2022 cuando la víctima presentó la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que remitió el caso a la CDH.
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El organismo autónomo aplicó el ‘Protocolo de Estambul’, una opinión médica y psicológica especial para casos de posible tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El resultado fue que los agentes ministeriales de la Fiscalía sí incurrieron en actos de tortura, los cuales se vieron con golpes, humillaciones, asfixia con métodos secos, violencia sexual y amenazas de muerte y daños a la familia.
Con estas pruebas, la comisión concluyó que hubo violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal.
Como parte del reparo del daño, la FGE debe dar atención psicológica y una compensación económica que corresponda a lo sufrido por la mujer originaria de Xiutetelco.
Además, la Fiscalía debe iniciar un procedimiento administrativo y penal en contra de los servidores públicos responsables de la tortura e intento de violación.
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Como medida de prevención, deben brindar capacitación de respeto y protección de los derechos humanos relacionados con la integridad y seguridad de los detenidos, así como capacitación en uso de la fuerza y perspectiva de género.
