Para evitar actos de discriminación contra las personas que viven con alguna discapacidad o hablan lenguas indígenas, la Fiscalía de Puebla está obligada a contar con traductores en todas sus sedes.
El pasado 18 de febrero, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Para el día 25 esta recibió el aval de las y los 41 diputados del Congreso, pero no fue hasta el 20 de marzo cuando la publicaron en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.
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Con las dos modificaciones, ahora la FGE tendrá que implementar medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
La reforma fue aprobada luego del caso en el que la fiscalía no atendió la denuncia de una niña que presuntamente fue víctima de violación en el municipio de Huauchinango.
En noviembre del 2025, la menor viajó dos horas desde una comunidad indígena hasta el Ministerio Público (MP) más cercano en la cabecera municipal, pero nadie le recibió su denuncia por falta de traductores de lengua náhuatl.
La fiscal Idamis Pastor reconoció que no había traductor de náhuatl en dicha agencia del MP.
Traductores de señas y lenguas indígenas, obligatorios para Fiscalía de Puebla
La Ley Orgánica de la FGE ahora establece que es obligatorio ofrecer guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, esto para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
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El organismo autónomo debe celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para contar con intérpretes y traductores de señas y lenguas indígenas que se hablen en la entidad.
Dichos agentes estarán a disposición de las víctimas, denunciantes y testigos que sean originarios de pueblos y comunidades indígenas.
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No obstante, también servirán a las personas imputadas por un delito, esto para asegurar que atraviesen por un proceso justo.
La ley ya está en vigor, por lo que la FGE debe iniciar con la implementación de estos intérpretes.
