A cuatro años del fraude por la empresa AE Capital, las víctimas manifestaron que no hay reparación del daño y denunciaron que Daniela Martina, una de las personas relacionadas con el fraude, promueve recursos legales para salir de prisión preventiva.
En conferencia de prensa, la abogada Eliana Bonilla, quien representa a 29 defraudados de la empresa AE Capital, denunció que la defensa de la inculpada pide que se le imponga firmar de manera periódica.
“Esto ya lo había intentado hace unos meses. Sin embargo, una servidora, junto con la Fiscalía, nos opusimos para que se revocara la medida cautelar en virtud de que el juicio se alargó derivado de un ejercicio de defensa”, expresó la abogada de los defraudados.
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También, indicó que la inculpada promovió amparos para alargar el juicio y explicó que si las autoridades modifican la medida cautelar, Daniela Martina escaparía de las autoridades.
Caso AE Capital, el fraude más grande de la historia de Puebla
La abogada de las víctimas explicó que defraudó dos mil personas la persona moral AE Capital que era una financiera que brindaba servicios de compra y venta de divisas.
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De acuerdo con Eliana Bonilla, el fraude es de un monto de 10 mil millones de pesos, que rebasa el caso de la familia Moranchel, a quienes acusaron de defraudar con mil millones de pesos.
También, explicó que, aunque el fraude tuvo como sede la ciudad de Puebla, existen víctimas de todo México, inclusó asesoró a defraudados de Italia, Francia y Perú.
A cuatro años de denunciar del caso, el economista Jorge Pérez, de 85 años, explicó que perdió cerca de dos millones que ahorró por más de 50 años laborando en el ámbito público y privado.
Ante esta situación, dijo que vive del dinero que percibe por sus pensiones del seguro social y del Issste.
Según la abogada, hasta el momento se iniciaron 200 carpetas de investigación, de las cuales 97 han sido judicializadas.
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Promesa de inversión millonaria
Las víctimas explicaron que la empresa, que también conocían como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, inició a operar en el 2017.
Además, indicaron que, mediante publicidad en línea, trípticos y recomendaciones, les prometían un rendimiento del 3.3 por ciento de sus inversiones.
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Según su versión, el monto de las inversiones iba desde los 200 mil pesos a los 40 millones de pesos.
Recordaron que los pagos de su inversión se suspendieron desde el 2020, porque supuestamente la Unidad de Inteligencia Financiera congeló varias cuentas.
Por este fraude, Luis Antonio, presunto dueño de la empresa, y Gabriel Antuán, posible socio, se encuentra prófugo y Daniela Martina, esposa de Luis Antonio, y a Diego Matías en prisión preventiva.
