Además de ser el primer año de Idamis Pastor al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, 2025 sin duda fue un periodo que llenó de escándalos a la institución. Primero, por los agentes del Ministerio Público que solaparon al narcomenudista ‘El Petuleco’; segundo, por la llegada de una presunta ‘Mafia del Edomex’, acusada de extorsión.
Idamis Pastor tomó posesión como fiscal el 20 de diciembre de 2024, su arribo coincidió con el cambio de gobierno y la renuncia de Gilberto Higuera; sin embargo, surgieron tensiones internas.
Desde los primeros meses de 2025 quedaron a la vista movimientos acelerados dentro de la estructura fiscal, especialmente por la incorporación de perfiles provenientes del Estado de México y Ciudad de México.
La fiscal afirmó que conocía a muchos de ellos desde la maestría, pero sus declaraciones patrimoniales de algunos indicaban solo nivel licenciatura, lo que generó sospechas.
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En total, se realizaron al menos 16 cambios identificados públicamente, todos orientados a colocar a funcionarios cercanos.
Sin embargo, seis de esos servidores dejaron posteriormente la institución en medio de señalamientos, presiones internas y anuncios de carpetas de investigación abiertas, aunque sus renuncias las presentaron como decisiones voluntarias.
El caso que detonó el conflicto mayor fue la detención del empresario Javier Milian Mora, propietario del Mamitas y 40 Grados.
Aunque asegurado el nueve de octubre, el registro oficial apareció hasta el día siguiente, según se reveló en la columna Al Polígrafo de Elvia Cruz, directora de este medio.
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La divulgación de un video reveló contradicciones operativas que apuntaron directamente hacia los equipos recién incorporados a la Fiscalía.
La limpia de la ‘Mafia del Edomex’: así operó dentro de la Fiscalía de Puebla
La investigación interna mostró que la detención la ejecutaron los agentes Leydi Vianey, Rigoberto Baruch y Lorena Sayuri, adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Estas inconsistencias evidenciaron un esquema operativo con decisiones paralelas y presunta manipulación de procedimientos oficiales relevantes.
La fiscalía especializada estaba encabezada por Miguel Ángel Islas Álvarez, uno de los funcionarios más señalados por su ascenso inusualmente rápido.
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Llegó el dos de enero de 2025 como encargado de Seguridad Institucional y, apenas dos semanas después, lo nombraron como encargado de la Fiscalía que terminaría envuelta en el caso, alimentando inquietudes institucionales.
La declaración patrimonial de Islas mostró solo nivel licenciatura, contradiciendo el argumento de Idamis Pastor, respecto al origen académico de sus colaboradores.
A Islas se sumaron perfiles como Luis Antonio León Delgadillo y Jorge Malvaez Rodríguez, ambos aparecieron en la grabación de la detención y habían sido recomendados directamente por la fiscal.
León Delgadillo tenía trayectoria política en Ecatepec como candidato y operador electoral del exgobernador Eruviel Ávila, lo que encendió alertas.
Malvaez Rodríguez, por su parte, tenía historial en la Fiscalía de Ecatepec y experiencia en Tecámac.
Él llegó a la Fiscalía el dos de enero de 2025. Entró como encargado de despacho de la Dirección General De Seguridad Institucional.
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Fue hasta el 16 de enero, cuando asumió como encargado de despacho la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados.
Las denuncias internas señalaron que este grupo tenía influencia en investigaciones de recursos ilícitos, operativos nocturnos, aseguramientos e incluso posibles actos de extorsión.
Los escándalos de Fiscalía Puebla en 2025: comienza la limpia
Al detectar la salida irregular de los tres funcionarios clave, la fiscal Idamis afirmó que ordenó sus renuncias inmediatas.
Señaló que no toleraría actos de corrupción, aunque el comunicado oficial tardó más de un mes en publicarse. Esa demora provocó dudas sobre la contundencia real de la reacción institucional ante el escándalo.
El comunicado del 13 de noviembre incluyó también renuncias de otras áreas: la Fiscalía de Investigación Metropolitana, la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión y la Fiscalía de Alta Incidencia.
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Todas fueron descritas como voluntarias, pero el contexto sugirió una depuración interna que buscaba cerrar filas ante la crisis de credibilidad pública.
El retraso en la difusión del comunicado alimentó especulaciones sobre negociaciones internas o procesos disciplinarios no transparentados.
Aunque la fiscal argumentó que existían carpetas de investigación en curso, no se detallaron los avances, la naturaleza de las faltas ni el tipo de responsabilidades que podrían derivarse para los servidores involucrados.
Los funcionarios removidos
La salida de los mandos expuso inconsistencias en los procesos de selección y supervisión. Sobresalió la movilidad acelerada de perfiles con antecedentes limitados para áreas de alto riesgo.
Entre ellos destacó Osvaldo Jiménez Juárez, procedente del Edomex, donde había coordinado casos de secuestro antes de asumir la Fiscalía Metropolitana en enero, aquí en Puebla.
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Otro caso fue el de Bonifacio Sergio Olivares Aguilar, fiscal Especializado en Secuestro y Extorsión desde enero. Provenía de la Fiscalía General de la República de México (FGR), donde había trabajado en amparo.
También fue separado José Vinicio Bernardo Alcalá Morquecho, encargado de la Fiscalía de Alta Incidencia desde el seis de enero. Llegó desde el Edomex como abogado litigante.
Asimismo, salió Diego Domínguez Idalias, fiscal de Investigación Regional, con antecedentes en secuestros de la zona Oriente del Edomex.
A pesar de estas remociones, la Fiscalía afirmó que la operatividad no estaba comprometida. Argumentó que existían servidores públicos capacitados para asumir responsabilidades y que los procesos administrativos se mantenían en curso.
Los escándalos de Fiscalía Puebla en 2025; sus reemplazos
La reconfiguración interna derivó en nuevos nombramientos a partir del 13 de noviembre. José Luis Hernández González asumió la Fiscalía Metropolitana, Sandra González de Yta tomó la Fiscalía Regional, Rubén Alberto Curiel Tejeda recibió la Fiscalía Anticorrupción y José González Zepeda ocupó Secuestro y Extorsión. Fredy Erazo llegó a Alta Incidencia el 16 de noviembre.
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El 25 de noviembre, se incorporaron Jorge Alfredo Mena Villaseñor como coordinador General de Homicidios, Roberto Alfonso Espinoza en Robo de Vehículos y Laura Beatriz Contreras Martínez como coordinadora de Flagrancia. Este reacomodo buscó reforzar áreas debilitadas tras los escándalos internos acumulados durante el año.
La Fiscalía aseguró que con estas designaciones se restablecerían procesos y se cerraría la puerta a conductas irregulares.
Además, trascendió la renuncia de José Hiram Cervantes Pérez, exagente del MP del Edomex, involucrado en presuntos actos de corrupción, vinculados con el robo de vehículos.
Su salida reforzó la narrativa de un bloque mexiquense con influencia significativa que había sido desarticulado parcialmente dentro de la institución poblana.
Los agentes del MP que protegían a delincuentes
Paralelo al caso del Edomex, la Fiscalía enfrentó otro foco rojo: la colusión de agentes del Ministerio Público con grupos criminales locales.
El caso más grave fue el de Alejandro Macuil Tláhuetl, comandante de la Fiscalía de Desapariciones, acusado de proteger a ‘El Petuleco’, presunto responsable de múltiples desapariciones en San Pedro Cholula y Coronango.
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Las investigaciones señalaron que Macuil habría obstaculizado diligencias, intimidado a testigos y manipulado informes para encubrir actividades criminales.
La red operaba desde 2024 y se expandía mediante agentes que facilitaban información, retrasaban diligencias y permitían la operación de narcomenudeo en zonas metropolitanas de manera sostenida.
La caída de Macuil permitió identificar complicidades internas adicionales. Dieron de baja a diversos agentes después de detectarse conductas similares en carpetas relacionadas con desapariciones, extorsiones y abuso de autoridad.
El caso expuso que estas prácticas llevaban tiempo erosionando la capacidad investigativa de áreas clave de la Fiscalía.
‘El Petuleco’, según investigaciones, mantenía redes en municipios de la zona metropolitana aprovechando la protección institucional que recibía.
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Su operación en Coronango y San Pedro Cholula generó múltiples denuncias, pero estas no avanzaban debido a la interferencia directa de Macuil y otros ministeriales vinculados a su estructura criminal.
Otros agentes del MP involucrados en corrupción
La depuración continuó durante el segundo semestre de 2025. El cinco de agosto detuvieron a Axel Manuel, acusado de exigir 39 mil pesos para liberar un vehículo.
Su caso evidenció que la corrupción permanecía arraigada en trámites cotidianos, desde recuperación de automóviles hasta manipulación de expedientes.
A Francisco lo acusaron de solicitar 20 mil pesos tras localizar a una mujer desaparecida en Tehuacán. El acto, considerado especialmente grave, mostró cómo incluso investigaciones sensibles como las desapariciones las usaban con fines de lucro personal. Su detención reforzó señales de alarma sobre prácticas extendidas en fiscalías regionales.
Otro caso relevante fue el de Josué, detenido en septiembre por despojar con violencia un vehículo en 2022. Aunque el hecho databa de años atrás, su permanencia dentro de la institución mostraba insuficiencias en la depuración previa realizada en las administraciones anteriores, así como vacíos en procesos disciplinarios internos.
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Al cierre de septiembre, la fiscal confirmó que separaron de su cargo a 254 trabajadores durante el año. De ellos, al menos seis fueron presentados penalmente. Las cifras reflejaron una crisis sostenida y mostraron que, pese a los despidos, aún persistían retos importantes para reconstruir la confianza pública en la Fiscalía.
