¿Quién no ha sido víctima de policías prepotentes y corruptos en este país?, en particular, los agentes de San Andrés Cholula están entre los peores que puede haber, pues quienes vivimos ahí podemos dar testimonios de sus faltas de protocolo.
Todos vimos el primer video que circuló en el caso de Ariana, la mujer con playera de la Selección Mexicana que aparece sometida en el piso en el Parque Intermunicipal mientras sus dos hijos lloran clamando que la liberen.
Ninguno de los cinco uniformados que aparecen ahí supieron cómo actuar en anteponer el interés superior de la niñez. Solo les importó “sancionar” a como dé lugar a la mujer que iba borracha y se metió en un lugar prohibido, rompiendo el mobiliario urbano.
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Hasta ahí pudo haber quedado el escándalo. Una mujer ebria que cometió una falta administrativa, que puso en riesgo a sus hijos por manejar en estado de ebriedad tras el partido de México vs. Sudáfrica la tarde del 11 de junio de 2026 y unos policías aplicando uso excesivo de la fuerza pública.
El problema se agrandó y llegó a medios nacionales cuando se politizó el tema.
Primero, qué casualidad que en este caso sí reaccionó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla) que encabeza Rosa Isela Sánchez cuando en otros casos más graves, ha estado ausente.
¿Será porque se trata de un gobierno panista?
Lo mismo ocurrió con la Fiscalía General del Estado (FGE) que casualmente inició una investigación de oficio tras vitalizarse el video.
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Y para colmo, llegó al tema una morenista: la diputada local, Nayeli Salvatori, representante del distrito 18, quien buscó a Ariana para “apoyarla” y “exhibir” al gobierno de la panista Lupita Cuautle.
Así como no hay que perder de vista que hubo abuso policial, tampoco hay que olvidar que esta diputada e influencer actúa por conveniencia: se cuelga de este tema, en su intención de ir ganando adeptos rumbo a la elección de 2027.
A ella solo le interesa criticar lo que hagan mal los gobiernos del PAN, pero la han escuchado hablar sobre la postura de su partido ante el caso Rubén Rocha, ¿por ejemplo?
La que menos le importa es Ariana y sus hijos. Solo la está usando.
Y qué decir de la filtración de los demás videos grabados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula.
El gobierno municipal puede justificar que se vio obligado a replicar las críticas por parte de morenistas y en redes sociales para que se conociera la otra parte de lo que pasó, sin embargo, ponen en riesgo a la mujer y a su familia.
Tanto tiene la culpa Nay Salvatori por politizar y derivar que se conocieran los demás videos como el gobierno de Lupita Cuautle por su actuar.
Aquí la única que pierde es la mujer que quedó exhibida como una “borracha” que presume nexos con el crimen organizado de Veracruz y Oaxaca.
El caso ya escaló a un nivel sumamente peligroso y ahora toca a la Fiscalía ya no solo investigar el actuar de los policías municipales sino también lo que ella declara en esos videos y lo más importante, ¿qué medidas de protección le brindará porque lo de menos es su pleito con los agentes locales cuando en las grabaciones menciona nombres y apellidos como del supuesto contador del CJNG?
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Este caso es una prueba de cómo los intereses políticos pueden agravar un caso, en lugar de ayudar a resolverlos.
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