La Ley de Educación, aprobada el 15 de mayo pasado, en pleno Día del Maestro, causa polémica en Puebla pues los rectores de universidades privadas la ven como “abusiva”, mientras, que por otro lado, el gobernador Luis Miguel Barbosa considera que están enojados porque se les acabó el “negocio”.
Pero, ¿qué es lo que contiene que ha causado opiniones encontradas?, MTPNoticias te explica los puntos más relevantes para que te formes tu propio criterio.
¿Los bienes de las escuelas particulares formarán parte del Estado?
Uno de los puntos que más ruido causa entre los integrantes del Consorcio Universitario está la supuesta intromisión del gobierno estatal para ‘expropiar’ los bienes de estas escuelas, pues el articulo 105 establece que los bienes, muebles e inmuebles de las instituciones particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal.
Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”, cita la ley.
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BUAP y universidades públicas obligadas a colaborar en transparencia
En el Artículo 121 de esta nueva Ley establece la obligación de las universidades públicas a colaborar en los procesos de fiscalización en medio de una coyuntura con la BUAP, que se ha negado a transparentar sus cuentas.
Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo”, en caso de que no lo hicieran de esta forma, quedarán sujetos a las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Este artículo se emitió después de que la BUAP se negara a ser revisada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) luego de que se identificaran supuestos desvíos de recursos por parte del rector Alfonso Esparza Ortiz, quien también es investigado por encabezar una ‘Estafa Maestra’ en conjunto con su hija Luza Esparza, a través del equipo de futbol de Lobos.
Gobierno establecerá colores de fachadas y nombres de centros educativos
A fin de que la educación no sea considerada como una propaganda con fines partidistas, el gobierno del estado facultó a la Secretaría de Educación Pública regular el uso de colores en los inmuebles y el nombre oficial de estos.
Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”, cita el artículo 112 de la nueva ley.
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Asimismo, se estableció que las escuelas particulares deberán estar sujetas al Plan de Estudios que entregue la SEP, además de hacer uso de los libros de texto que ésta entregue. Sin embargo, han existido quejas de que estos libros son una parte de adoctrinamiento por parte de la Cuarta Transformación.
Se prohíbe venta de ‘comida chatarra’
“Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como las bebidas energizantes”, cita el artículo 82 de la Ley de Educación, por lo que las cooperativas deberán de contar con un estricto control de los alimentos que se venden en su interior, del cual no están exentas las instituciones privadas.
Revocación de permisos y multas de hasta un millón 300 mil pesos
De acuerdo con lo establecido por la nueva reglamentación, las sanciones en contra de quienes incumplan con esta ley van desde los ocho mil 688 pesos hasta el millón 303 mil 200 pesos, las cuales sólo podrán ser impuestas por:
Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus madres y padres o tutores, medicamentos; expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables”.
Es decir, si las instituciones son sorprendidas emitiendo ‘títulos patito’ como ocurrió en administraciones pasadas.
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Además, se multará con hasta 608 mil 160 pesos a los planteles que difundan información privada, oponerse a ser revisadas o condicionar la entrega de documentos por la falta de pago.
