La suspensión de actividades en el Poder Judicial en Puebla debido a la contingencia por Coronavirus ya trajo consecuencias.
Primero, porque dicho Poder reprobó en protección a mujeres víctimas de violencia y, segundo, porque muchas de ellas están indefensas, hoy más que nunca, en sus casas con sus parejas, según un estudio de la organización Equis.
El Poder Judicial en el Estado de Puebla, cuyo magistrado presidente es Héctor Sánchez Sánchez, quien ya se encuentra refugiado en casa junto con la mayoría de trabajadores, dejó en estado indefensión a cientos, quienes han denunciado algún tipo de agresión al no implementar medidas preventivas, según el informe (Des) Protección Judicial en tiempos de Covid-19.
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Dicho documento, publicado por la organización Equis, detalló que la entidad poblana solo logró conseguir una calificación de 47.6 puntos de 100 posibles al ser evaluada en siete criterios:
– Órdenes de protección en materia familiar y penal
– Medidas precautorias en materia familiar
– Medidas de protección en materia penal
– Pensión alimenticia
– Centros de Convivencia Familiar
– Políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal
El Poder Judicial suspendió actividades, en la mayoría de las áreas y, por consecuencia, la de términos procesales, desde el pasado 18 de marzo, reanudando hasta el próximo 20 de abril, de acuerdo con un comunicado en su cuenta de Twitter, aunque ese periodo podría ampliarse.
¿En qué está fallando el Poder Judicial en Puebla?
La organización Equis analizó cada una de las medidas adoptadas por los poderes judiciales en México para garantizar la protección de mujeres víctimas de violencia de género durante la contingencia sanitaria que existe, pues de acuerdo con su reporte:
Si bien el confinamiento es la forma más eficaz para reducir el número de contagios, el hogar no es, por lo general, un lugar seguro para todas las mujeres”.
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Solo 12 estados lograron ubicarse por encima de la mitad de los requisitos indispensables para garantizar justicia y seguridad a las mujeres víctimas de violencia, siendo el estado de Querétaro el de mayor calificación.
Puebla se ubicó en la posición 13 del ranking nacional, al conseguir 47.6 por ciento, de los siete aspectos a evaluar por la organización feminista, misma que detalló que solo logró una calificación positiva en las Órdenes de protección en materia familiar y penal, y en el número de grupos vulnerables exentos de laborar durante la ‘cuarentena’.
Los casos más graves fueron la falta de medidas de protección en mujeres que denunciaron un delito penal en su contra, es decir, no existió la implementación o ratificación de medidas como órdenes de restricción para comunicarse o acercarse a las víctimas o la separación inmediata del domicilio.
Otras de las fallas detectadas por esta organización fue el no garantizar los pagos de pensiones alimenticias, a través del Poder Judicial, y el garantizar la visita supervisada de los padres con los hijos dentro de los Centros de Convivencia.
