La juez de control del Tribunal Superior de Justicia en Puebla, Magaly Escamilla Ramírez, le dio la razón al nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al exhortar al personal de rectoría, decanos, directores, administrativos y estudiantes a regresar a clases presenciales, tras siete meses de haber sido cerrada por conflictos en la Fundación Mary Street Jenkins.
A la par que se manifestaba un grupo de alumnos y padres de familia en la Recta a Cholula, en donde bloquearon ambos sentidos así como un tramo del Periférico Ecológico como una forma de presión para “liberar” a la universidad, Escamilla Ramírez resolvía durante una audiencia que se realizó en la Casa de Justicia que se ubica en la 11 Sur, en la ciudad de Puebla, que, existen las condiciones de acceso y seguridad para un retorno sin uso de la fuerza pública.
La jueza pidió la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que encabeza Melitón Lozano, para verificar que la reapertura se dé con orden, y bajo la administración del nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña.
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Al término de la audiencia, en entrevista con medios locales, el representante del nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, Rodrigo Gurza, explicó que ahora está en manos de los docentes que han tomado partido a favor del antiguo patronato en colaborar para no afectar más a los alumnos.
“Se pidió por la vía judicial que colaboren con el patronato, pero no se les puede obligar (a docentes y a administrativos) sin embargo, ya quedaría en la responsabilidad de ellos no en nuestras manos”, dijo.
Destacó que desde el pasado 31 de octubre se ordenó la restitución del campus a los apoderados legales que es el grupo que encabeza Magaña, nombrado en mayo del 2021 por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, que rige el gobierno estatal.
“El 9 de enero del 2022 se presentaron las pruebas de que a pesar de que ya se tenía la restitución del campus, en el lugar no se encontraba abierto a personal administrativo ni a estudiantes para que pudieran regresar a sus actividades, para que no se mermaran trámites de titulación y para que regresaran a sus actividades”, contó Gurza.
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El abogado aseguró que se ha visto entorpecido el regreso a clases presenciales, por “gente que se encuentra extraída de la acción de la justicia”, quienes son los que están impidiendo que esta medida se lleve a cabo.
Notifican a seguridad privada sobre reapertura
Tras la resolución de la jueza, el nuevo patronato dio a conocer en un comunicado de prensa que notificó a la empresa que está a cargo de la seguridad de la universidad con el fin de que se acate la resolución para no impedir el ingreso de los estudiantes, maestros y administrativos.
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Antes de esta resolución, Armando Ríos Piter, rector reconocido por el nuevo patronato, dio a conocer en un video que estaba buscando la forma de que los alumnos regresaran a clases presenciales y dejar de lado el conflicto jurídico que existe por el regreso de 720 millones de dólares de dicha fundación a Puebla.
Los abogados de ambos grupos siguen peleando el control de la UDLAP por la vía legal. El representante de los Jenkins, Virgilio Rincón Salas, ha advertido en entrevista que no permitirán el “despojo” de la universidad.
Por otro lado, tanto Guillermo –el nieto que se opuso al saqueo de la Fundación Mary Street Jenkins– el nuevo patronato, el gobierno del estado y la FGR, dan continuidad a las denuncias que existen contra los integrantes de la familia que están prófugos de la justicia en búsqueda de recuperar esos 720 millones de dólares, o al menos asegurar todos los bienes inmuebles que le pertenecen a la fundación y por ende a los poblanos.
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Por Manu Cuellar @Manu_Cuellar10
