Dos ex gobernadores del PRI y uno del PAN dieron protección a Juan Celis, líder de Antorcha Campesina en Puebla, para que no pisara la cárcel.
La orden de aprehensión en contra de él y de tres líderes más en Puebla -Armando Cruz García, Armando Flores Cruz y Lenin Campos Córdova- que giró Oscar Alberto Castillo Aja, en ese entonces Juez Segundo de lo Penal, prescribió en 2014.
Melquiades Morales Flores (PRI), Mario Marín Torres (PRI) y Rafael Moreno Valle (PAN) tenían conocimiento de la orden para encarcelar a los cuatro antorchistas y ordenaron no ejecutarla.
El Sol de Puebla publicó el 17 de enero de 2011 a ocho columnas una nota de este reportero, en la que se documentó el proceso 558/2003, en contra de Juan Manuel Celis, cuñado del líder nacional Aquiles Córdoba, y de otras tres personas por la invasión de un predio de 13 mil 950 metros 24 centímetros cuadrados de la colonia Lomas de Atoyac en el municipio de Puebla.
Fue en enero de 2004 cuando se emitió el oficio para la captura, durante el sexenio de Melquiades Morales (1999-2005), que continuó vigente en el mandato de Mario Marín (2005-2011) y el de Rafael Moreno Valle (2011-2017).
Durante estos años, antorchistas como Juan Celis, su esposa Soraya Córdoba y varios integrantes más de esta familia recibieron regidurías y diputaciones federales por el PRI. Después las colonias antorchistas se pintaron de azul durante el morenovallismo.
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¿Quién los denunció?
La denuncia fue presentada en el año 2003, asentada en la averiguación previa 3530/03 del Ministerio Público Popular Tercer Turno, donde los afectados declararon que se enteraron en la mañana del 16 de noviembre de 2003, entre las 8:00 y 9:00 horas, que sus lotes habían sido invadidos por alrededor de 50 antorchistas comandados por sus líderes.
En la querella se señala que los lotes forman un predio ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta esquina con calle Lázaro Cárdenas de lo que hoy es la colonia Loma de Atoyac de la ciudad de Puebla, la cual fue segregada del rancho Cuextlacoapan.
Uno de los propietarios mencionó en esa averiguación lo siguiente: “acreditamos con escrituras y contratos de compraventa, cada uno de nosotros, que anexamos, formulamos denuncias por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena, robo, amenazas y los que resulten responsables en nuestro agravio, por personas plenamente identificadas como miembros de Antorcha Campesina”.
Los agraviados y dueños del terreno son Rosa Guzmán Cabrera, Citlali Acevedo Paredes, Luvia Ramírez Soto, Teresa Parera Ochoa, Guadalupe Benítez Paniagua, Javier Juárez Bedolla, Facundo Cuamani Flores, Víctor Hugo Vázquez Espinosa y Dolores Castro Hernández.
Juez acreditó que el grupo de antorchistas encabezados por sus líderes usaron violencia física y moral para apoderarse del predio, donde se construyeron 120 casas.
“Tumbaron la cerca de malla ciclónica que colocamos por cooperación de todos los propietarios para hacer un conjunto habitacional privado, desde el mes de septiembre de 1998 metieron block con intención de construir”, manifestó otro de los afectados.
“Nos dijeron que nos iba a cargar la chingada, echando balazos al aire, y nos intimidaron con sus machetes, palos y nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos pues nos dijeron que ellos estaban bien palancas con el gobierno”, declaró otro de los agraviados.
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¿Qué determinó el juez?
En ese entonces, el Juez determinó y acreditó que el cuerpo del delito de despojo es sancionado por los artículos 408 fracción y 409 del Código de Defensa Social del estado.
Asimismo, en el documento se argumenta que la determinación contra los implicados también se basó en las investigaciones ministeriales de la Quinta Mesa de Trámite de la Agencia del Ministerio Público, de fechas 5 y 10 de diciembre de 2003.
“En consecuencia, con inserción de este auto gírese oficio al ciudadano procurador general de justicia del estado, para que ordene a elementos de la Policía Judicial del Estado, se avoquen a la Orden de Captura de referencia y una vez ejercida esta internen a la militancia incriminada en el Centro Penitenciario del estado de esta ciudad, dejándola a disposición de este Juzgado, para ser examinada en preparatoria y dentro del término constitucional se resuelva su situación jurídica”, cita uno de los párrafos.
Oscar Alberto Castillo ordenó la detención de los cuatro antorchistas el 26 de diciembre de 2003 tras determinar bajo el proceso 558/2003 que los implicados son responsables del arrebato del terreno de 13 mil 950 metros cuadrados en dicha colonia de esta capital.
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En el expediente de 54 hojas, cuyas copias se encuentran en poder de este rotativo, se revela que Castillo Aja fue quien elaboró la orden de captura y envió copias a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), misma que fue ratificada por el entonces subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien a su vez ordenó a Manuel Méndez Marín, en aquel entonces director General de la Policía Judicial -, para que ejecutara la orden a sus elementos a través del oficio número 4867 el 13 de enero de 2004.
“Para los efectos del Artículo 24, Fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Institución remito a usted la documentación relacionada con el proceso número 558/2003 que se instruye en contra de Juan Celis Aguirre, Lenin Campos Córdova, Armando Flores Cruz y Armando Cruz García por el delito de despojo y daño en propiedad ajena”, dice el documento.