De al menos 150 balazos fue asesinado un policía estatal preventivo adscrito al grupo élite que participó en el operativo donde se capturó y liberó a Ovidio Guzmán, dentro del estacionamiento de una plaza comercial, en Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Eduardo, de 32 años, llegó a las 7:30 horas del miércoles al centro comercial ubicado en el bulevar Jesús Kumate casi al cruce con boulevar de las Moras.
Eduardo, con domicilio en la sindicatura de Costa Rica, iba a bordo de un automóvil Nissan Sentra, color blanco, modelo 2010, cuando sujetos le dispararon en repetidas ocasiones con armas largas, tipo “cuerno de chivo” y R15.
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Autoridades acordonaron la zona, donde encontraron más de 155 casquillos percutidos, informó el portal Río Doce.
Una vez que se confirmó el hallazgo del policía asesinado dentro de un auto Nissan Sentra color blanco, la escena fue asegurada también por elementos de la Policía Estatal, quienes llevaron un camión blindado al lugar.
De acuerdo la información obtenida en el lugar de los hechos, se presume que sujetos armados llegaron por la calle Kumate y desde ahí comenzaron a disparar con el elemento que se encontraba dentro del auto, y quien quedaría muerto junto a un arma larga y un radio matra.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que “doblar las manos” ante el poder del Cártel de Sinaloa. Lo que se pretendía ser un triunfo para la actual administración federal, con la captura de Ovidio Guzmán López –hijo del “Chapo” Guzmán–, terminó poniendo al descubierto una pésima estrategia de seguridad.
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El Cártel de Sinaloa no estaba muerto, como algunos consideraban.
Su poder y presencia en los últimos 30 años ha crecido con a distribución de mariguana, cocaína, metanfetaminas y heroína proveniente tanto de Colombia como del Sudeste Asiático.
Utilizan una red de intermediarios que operan las diversas vías de transporte y países donde consigan funcionarios que colaboren con el tráfico.
Tiene presencia en casi 70% del mundo: América, Europa Central y Mediterránea, Balcanes y otros lugares.
En México existe presencia en 17 estados mexicanos.
El cártel que fuera comandado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo” e Ismael “El Mayo” Zambada ha sobrevivido a los embates de sus enemigos y a la persecución de sus líderes e incluso al encarcelamiento de “El Chapo”; hechos que no ha minado el poderío de esta agrupación que desde los años 80 y hasta inicios de esta década, era considerada la más importante de México e incluso, del mundo.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) esta organización delictiva es la que más empresas y personas tiene incluidas en la lista elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntas actividades de lavado de dinero.
Del 17 de mayo de 2007 al 11 de junio de 2019, el Tesoro ha emitido 47 alertas contras las empresas y operadores del Cártel de Sinaloa.
El control del cártel está en manos de los hijos del Chapo, aunque existen divisiones internas en las que está involucrado el hermano de Joaquín Guzmán Loera, Aureliano alias el “El Guano”.
El poderío del narco
La fuerza pública se vio muy superada en número por los integrantes del c´rrtel de Sinaloa, en más del doble de efectivos, según declaraciones de agentes a medios locales. Los narcos amenazaron a familiares de militares y secuestraron a varios grupos del Ejército como moneda de cambio para la liberación de su jefe, Ovidio Guzmán, lo que precipitó su liberación.
Se pensaba que el cartel de Sinaloa estaba debilitado por las disputas internas tras la detención de su capo, El Chapo Guzmán, en enero de 2016. Sin embargo, la furia y la violencia que desató el jueves demostraron lo contrario.
“Exhibieron un amplio arraigo social y fuerza armamentística con armas de alto calibre, así como su capacidad de reconstruir alianzas entre cabecillas y sicarios ante deslices gubernamentales”, asegura a DW el profesor del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero, quien apunta que “los anteriores presidentes nunca se metieron a Sinaloa, sino únicamente con operativos precisos, y dejaron crecer el cartel”.
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‘El Chapo’ andaba con total confianza por Sinaloa. Como ejemplo, añade el investigador, es que tras su fuga de prisión se escondió en ese estado y no en otro lugar: “Este control del cartel tampoco sería posible sin una colusión o permisividad de las autoridades, especialmente municipales y estatales. Se tiene que entender que los entes locales no pueden enfrentar a la maquinaria del narco, pero sí debe preocuparnos la ausencia e inacción del nivel estatal”.
“El crimen organizado se beneficia de un entorno estable. El cártel de Sinaloa no estaba adormilado, sino que tiene un poder tan fuerte como para imponer su autoridad en Culiacán y mantener esa aparente tranquilidad. Donde hay más violencia es donde el narco todavía no se ha consolidado y hay disputas entre bandas”, explica Montero.
Solo esta semana, en Guerrero (suroeste), 15 personas fueron asesinadas y en Michoacán (centro) 13 policías fueron masacrados en una emboscada. La ineficacia en la prevención de estos ‘eventos’, el eufemismo oficial para referirse a matanzas, ha puesto en duda la estrategia de seguridad del ejecutivo cerca del año de haber tomado el mando.
Una estrategia insuficiente
López Obrador llegó a la presidencia bajo el lema ‘abrazos, no balazos’ y justificó el fin del operativo en Culiacán alegando que así se evitaría la muerte de civiles. “La decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. No se puede apagar el fuego con el fuego”, argumentó en un discurso en que volvió a distanciarse de las políticas belicistas de sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, centradas en la detención de los cabecillas, cuyo único efecto fue exacerbar la violencia.
“La posición pacifista es muy válida, el problema es que con la violencia tan generalizada en el país, esa estrategia de bajo perfil y conciliación, resulta insostenible”, considera, por su parte, el especialista en prevención social de la violencia, Pedro Isnardo De la Cruz, quien agrega que “difícilmente el gobierno va a poder desenraizar al narco de sus territorios sin una política de Estado mejor articulada”.
La administración de AMLO ha enfocado su lucha contra el crimen en perseguir sus activos y redes de blanqueo, sumado a programas sociales que aparten a los jóvenes del reclutamiento de los cárteles y disuadan el apoyo entre la población.
Sin embargo, esas acciones han arrojado un éxito escaso, según los expertos, debido a una improvisación en su implementación. “Aunque la maduración de resultados será a mediano plazo, se puede decir que no ha habido avances en la contención de la criminalidad”, según Montero:
“El narco gobierna varias partes de la República, no sólo por su volumen de fuerza, sino porque ocupa el espacio económico con la generación de empleos y riqueza”.
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En los diez primeros meses de gobierno de AMLO han sido asesinadas 29 mil 629 personas, el inicio de sexenio más violento desde la Revolución. Una espiral homicida que el ejecutivo achaca a la herencia de los anteriores gobiernos. En septiembre se registró un leve descenso de asesinatos y una baja de 2,6% en la percepción de inseguridad, según encuestas oficiales que el gobierno celebró dado que se trató tal vez de la única estadística favorable en este mandato.
No obstante, las cifras siguen siendo demoledoras: siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros en un país con un centenar de asesinatos al día en lo que va de año. La batalla de Culiacán sólo refuerza la visión de un Estado fallido para frenar al narcotráfico.
Crédito: Vanguardia
Por @MTPNoticias