Yván Vargas/@LAWNAVY/@SIDECALI
La nación mexicana se enfrenta a un gran nuevo reto con la asesoría de la ONU, la nueva Guardia Nacional de México busca dar garantía de respeto a los derechos fundamentales.
¿Cómo debe ser la formación de los efectivos encargados de prevenir y combatir el crimen?
El acuerdo firmado entre Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y el presidente de México para la asesoría y formación de la nueva Guardia Nacional de México llegó en medio de una serie de críticas de organizaciones internacionales y nacionales sobre los riesgos de una fuerza militarizada.
A pesar de que, siendo candidato, AMLO prometió sacar a los militares de las calles, esta nueva Guardia, aunque dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, estaría integrada en una primera etapa por efectivos provenientes mayoritariamente del Ejército y la Marina.
La ONU la capacitará en materias técnicas y de formación en su tarea de “prestar servicios de protección a la ciudadanía en un marco de respeto a los derechos humanos”, como indicó el gobierno en su convocatoria a jóvenes de entre 18 y 30 años, para combatir a la mafia organizada, el narcotráfico y la delincuencia. Se espera reclutar unos 20 mil efectivos este año, para llegar a un contingente de unos 120 mil en 2021.
Necesidad de una sólida formación
Tras la controversia, el acuerdo firmado con la ONU-Derechos Humanos es una buena señal, indica a DW Lucy Pedroza, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Berlín. “Es muy positivo también que el gobierno invitara a los principales críticos a dar sus observaciones en el parlamento, lo que ayudó a darle la forma final al proyecto, y se determinó que estará bajo un mando civil; sin embargo, hay algunas señales preocupantes”, agrega.
Una de ellas es el nombramiento al mando de la Guardia Nacional del general Luis Rodríguez Bucio, quien pasará a retiro en los próximos meses, dicho General cuenta con una serie de reconocidos méritos académicos y profesionales.
“La cuestión de la militarización hay que verla desde muchos aspectos y no solamente concentrarse en el mando. Tiene que ver con el tipo de capacitación que recibe el personal, pero también con el tipo de garantías que obtiene. Si ellos cometen abusos, ¿se regirán por la justicia militar o la civil? Ese es un aspecto muy importante que deberá ser aclarado”.
La capacitación y la formación de la ONU es clave, como sociedad debemos ver con buenos ojos la asesoría de la ONU; dicho acuerdo va más allá de la entrega de asesoría técnica y de formación de los efectivos en materia de respeto a los derechos humanos.
El Alto Comisariado en Derechos Humanos no solo acompañará a la Guardia Nacional, sino también en el proceso legislativo de las leyes secundarias que van a definir los detalles. Y eso es una muy buena señal, pues hasta ahora, muchos detalles no son claros, en tanto falta elaborar estas leyes regulatorias.
Entre otros temas, la rendición de cuentas y cómo asegurar que eventuales delitos cometidos por miembros de la Guardia no queden en la impunidad, por ello es muy positiva la asesoría de una organización internacional.
La ONU debiera contribuir a limitar el exceso de violencia y asegurar la proporcionalidad en el uso de la fuerza, pues bajar los índices de violencia no puede ser a cualquier costo, debemos considerar que el enfoque de Derechos Humanos no solo debería proteger a la sociedad civil, lo que es muy importante, sino también salvaguardar la vida de quien está delinquiendo para iniciar procesos de justicia que lleven finalmente a la verdad.
Otro de los aspectos en que acompañará la ONU es y es importante destacar lo es la elaboración de indicadores de desempeño, y de transparencia. El acuerdo, en definitiva, busca ayudar a dignificar la formación policial. Nadie confía en la policía y este oficio se ha vuelto muy poco digno, sin reputación, respeto ni autoridad”, lamenta la investigadora.
Aunque las tareas van más allá de la Guardia Nacional, ya que esta institución será un actor más, que esperamos sea eficiente y eficaz en su respeto a los derechos humanos y su tarea de seguridad interior, pero eso no bastará para solucionar el problema de la procuración de justicia, con la gran escasez de jueces honestos, capacitados y calificados.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la segunda jornada de las audiencias públicas para analizar la minuta que crea la Guardia Nacional, senadores, organizaciones y colectivos sociales intercambiaron puntos de vista sobre los efectos que la nueva corporación podría ocasionar a los derechos humanos.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que la propuesta para crear la Guardia Nacional “no es pertinente ni viable. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno, ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad”.
Hay que recordar que partimos de un país en crisis, violento y corrupto, donde las instituciones de seguridad y de procuración de justicia están infiltradas por el crimen organizado y la corrupción.
Nuestra constitución, como ley suprema rige el actuar de los elementos policiales y salvaguarda los derechos de los ciudadanos; y es clara en establecer las funciones del ejército, dicha Carta Magna en su artículo primero, concatenado al 133 establece la obligatoriedad de observar también los tratados y convenciones internacionales; instrumentos que nos guste o no salvaguardan y privilegian el respeto a los derechos humanos, por ello es un reto monumental para la Guardia Nacional y sus integrantes…
