Todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía.
El derecho al cuidado implica que todas las personas, principalmente aquellas que requieren de cuidados intensos o extensos y/o especializados, como las personas mayores, con discapacidad y con alguna enfermedad crónica, tienen la oportunidad de acceder a ellos, sin que sea a costa de la salud, bienestar o plan de vida de quienes cuidan.
La Corte Interamericana en su opinión consultiva 31 de 2025 sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos reconoció que el cuidado se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente.
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Igualmente, sostuvo que el cuidado es necesario para asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación.
Por su parte en nuestra Constitución Mexicana en su artículo 4°, establece el derecho a la protección de la salud, la alimentación y la vivienda, entre otros, que se relacionan con el cuidado, aunque no lo consideren literalmente como un derecho autónomo.
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Con lo anterior, tiene relevancia la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que cambió su denominación para quedar como ‘Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe’, que concluyó con la aprobación del Compromiso de Tlatelolco.
Para que los países de la región promuevan medidas para superar la división sexual del trabajo, incorporar la dimensión de los cuidados en la planificación nacional y formular políticas para que los medios de comunicación incorporen referencias que visibilicen el valor y la corresponsabilidad de los cuidados.
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