Bajo advertencias no hay engaños. Hoy debió quedarles muy claro a los concesionarios del transporte público que su negocio pronto se acabará si no están en regla, si se hicieron de esas rutas de manera ilegal y que además, las ocupan para presionar al gobierno.
De esa revisión con lupa se encargará una mujer, después del 14 de diciembre próximo: Silvia Tanús, quien será la secretaria de Movilidad y Transporte en el gobierno de Alejandro Armenta.
Aunque oficialmente llegan a gobernar para entonces, es claro que desde ahora, este equipo ya tiene un reporte de quiénes son los dueños de rutas que se atreven a exigir un alza al pasaje, a sabiendas que operan con unidades obsoletos, en rutas no autorizadas, o con hasta 500 concesiones.
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Armenta ya anticipó que habrá transparencia en su administración y desde ahí exhibirá quiénes son esos personajes para poner en el debate público cómo es que consiguieron esos “permisos” y quién se los permitió.
De entrada, ya adelantó que entre ellos hay exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad y Transportes que están metidos en este negocio, incluso con algunos prestanombres.
“Tienen derecho (a manifestarse) pero fueron funcionarios del gobierno. Los tenemos totalmente registrados. Eso podría incurrir en un delito porque cuando fueron funcionarios, se hicieron de concesiones. Es muy grave el tema”, dijo el gobernador electo en su conferencia de prensa de este dos de diciembre.
¿A quiénes ya tiene ubicados?, porque lo dijo claro y fuerte: son exfuncionarios que se aprovecharon de sus posiciones para convertirse en juez y parte.
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¿Estarán los exsecretarios de esta dependencia como Rómulo Arredondo, Valentín Meneses, Guillermo Aréchiga?
Ya lo sabremos — si Armenta cumple en transparentar de una vez por todas quiénes son esos que están detrás de lo que representa el transporte público en Puebla—.
La promesa es que le pondrá cara a la mafia que hay detrás, quiénes tienen intereses, los vicios que no han querido erradicar por años, y ojalá, se apliquen responsabilidades.
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Recordemos que en el gobierno de Miguel Barbosa, Aréchiga terminó en la cárcel por acusaciones de supuestamente haber entregado concesiones de manera ilegal, aunque él, por supuesto, lo ha negado.
Haya sido verdad o no, estuvo un año tras las rejas y apenas en marzo de 2023, recuperó su libertad, después de que el entonces senador de Morena, Ricardo Monreal, intercediera por él.
Ojalá en la nueva administración que está por iniciar, Monreal no meta las narices y sean las autoridades locales las que determinen responsabilidades (si las hay).
Hay que decir que Armenta no les cerró la puerta a los transportistas en trabajar, pero sí les dejó claro que no pueden estar chantajeando cuando se les antoje, y más si se sabe de sobra que operan en un ambiente lleno de corrupción y los más perjudicados han sido siempre los usuarios.
“Queremos trabajar junto con ellos (los transportistas) pero no vamos a trabajar de rodillas. No nos vamos a arrodillar ante ninguna pretensión que no corresponda a la racionalidad”, fue parte de la advertencia que hizo quien a partir del 14 de diciembre próximo es el nuevo gobernador en Puebla.