Todos los partidos políticos en Puebla tienen el gran reto de evitar que el crimen organizado infiltre candidatos o inyecte dinero a sus campañas en la elección de este 2024.
De cinco indicadores que mide Integralia Consultores para determinar el nivel de riesgo, detectó tres en la entidad.
Sobre todo, teniendo como antecedente que en la elección del 2018, fue evidente la intervención de grupos armados el día de la elección con el robo de urnas en donde presuntamente no era favorecida la entonces candidata del PAN, Martha Erika Alonso.
Esa operación se le atribuyó a Eukid Castañón, principal operador político del grupo morenovallista que en ese momento tenía el poder y control de la entidad, aunque nadie le comprobó nada.
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Ahora que estamos por iniciar una campaña en la que están en juego, tan solo en Puebla, 2 mil 286 cargos, incluida la gubernatura, es momento que los dirigentes al menos piensen en qué país le quieren heredar a sus hijos y dejen de ser cómplices de las mafias que tienen ensangrentada la nación.
Es de todos conocido que en cada proceso electoral, cobran las candidaturas al mejor postor y es en donde entra el crimen que cada día busca poder económico y político.
Hoy sabemos que nadie se ha escapado de que dinero lleno de sangre entre a las campañas, pues hasta el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado envuelto en un escándalo en las últimas semanas por presuntamente haber sido financiada su campaña del 2006 por el cártel de Sinaloa, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Medios de Estados Unidos como ProPública han dado detalles de cómo la DEA le siguió la lista en su momento pero después se estancó la investigación a pesar de señalamientos directos.
Si eso pasó en un equipo en donde se jactan de ser cero corruptos y cómplices de los delincuentes, imagínense qué ocurre en los demás institutos políticos en donde hay tantos ambiciosos, enfermos de poder y de dinero.
¿Por qué creen que ningún político se ha atrevido a proponer alguna iniciativa de ley para castigar a dirigentes que postulen a delincuentes?, ¿se imaginan cuántos ya hubieran terminado en la cárcel?
Aquí cerquita tenemos el caso del PSI en donde en cada proceso electoral postula a presuntos delincuentes. Algunos han terminado en la cárcel como el expresidente de Palmar de Bravo, Pablo Morales, quien terminó preso el 6 de julio de 2017 por uso de recursos de procedencia ilícita, dinero que supuestamente obtenía del robo de gasolina.
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Lo más grave es que el dirigente de este partido satélite, Carlos Navarro ha sido cuestionado sobre el riesgo que vuelva a postular a personajes de dudosa reputación y ha anticipado que le vale porque ni es juez ni es fiscal.
Ojalá entre algunas de sus ocurrencias, algún diputado proponga también regular estos partidos políticos y sus dirigentes cuando una situación así ocurre, pues transitan en cada elección con total impunidad.
La intervención del crimen organizado en las campañas también se mide mediante asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios públicos y aspirantes; en la participan de criminales en la movilización o inhibición del voto el día de la elección, así como en la alteración de la votación en casillas; además de la inyección de dinero e imposición de candidatos.
Ya veremos quienes se descaran en esta elección que estamos por vivir.
