En los últimos días se ha criticado mucho, principalmente rectores del Consorcio Universitario y empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el uso de la fuerza pública para que el nuevo patronato de la UDLAP pudiera asumir el control de la institución el pasado 29 de junio.
Alegan “respeto al estado de derecho” y a la legalidad.
Y aquí es donde viene la pregunta, ¿no es precisamente lo que pasó en este caso?
Los policías únicamente obedecieron una orden judicial para ingresar a la universidad, dar cumplimiento a una medida cautelar, a petición de los nuevos patronos de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, encabezados por Horacio Magaña Martínez.
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Si uno revisa a detalle el proceso que conlleva este caso, puede entender que se tenía que llegar a este punto para salvaguardar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins –que pertenece a los poblanos– y de la que se hicieron ilegalmente algunos integrantes de la familia Jenkins.
De entrada, hay que tener en cuenta que los 720 millones de dólares que saquearon de Puebla los descendientes del gringo William O. Jenkins –a excepción del nieto Guillermo Jenkins de Landa– no le pertenece a ellos, sino a la fundación dedicada a realizar obras de caridad a favor de los habitantes de Puebla.
Tampoco hay que perder de vista que una de las posibles operaciones fraudulentas de la familia Jenkins es que crearon una fundación exclusivamente para administrar parte de los bienes que obtuvieron ilícitamente de la Fundación Mary Street Jenkins –entre ellas la UDLAP– a la que denominaron Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales y de la cual eran socios Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Luis Ernesto Derbez –actual rector de la universidad–.
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El propio Derbez ha aceptado que se dedicó a administrar los bienes inmuebles que fueron propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins y que ahora están en manos de los prófugos de la justicia.
Actualmente, tanto Derbez como otros directivos de la universidad también son investigados por la Fiscalía de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones en perjuicio de la universidad y su patrimonio.
Entonces, la pregunta para quienes defienden a Derbez es ¿no debe ser investigado como presunto cómplice del saqueo a Puebla?, ¿la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada no debía hacer nada y quedarse callada como ocurrió en la administración de Rafael Moreno Valle cuando se concretó el fraude?
Entonces, ¿quién debe defender este patrimonio que pertenece a los poblanos?, por algo, el multimillonario William O. Jenkins no quiso dejar ni un peso a sus hijos y nietos. Ahora, por más descendientes que sean del estadounidense, por ley, no tienen ningún derecho de disfrutar de esa herencia, y eso es lo que se pelea.
Lo que tiene que ver con la calidad de la UDLAP, habría que ver el actuar del nuevo patronato, si dará el ancho o no en la administración de la universidad, ese es otro tema pero que por el momento, la toma de la universidad no pone en riesgo la continuidad de las clases de los estudiantes o la permanencia de la platilla laboral.
