Alfredo Ramírez
Los diputados de la coalición que encabeza Morena en el Congreso de Puebla recibieron este lunes un primer revés por parte del Poder Ejecutivo luego de que dos de sus acciones fueran ventadas: la abrogación de la conocida Ley Bala y una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía con el que se regresaban facultades a los legisladores para nombrar al titular de esta dependencia.
Los documentos firmados por el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano en el que contiene las observaciones a ambas iniciativas, fueron entregados a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo la tarde de este lunes, y fueron dados a conocer por el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres.
La justificación que dio el gobierno de Antonio Gali Fayad del porqué se niega a publicarlos en el Periódico Oficial del Estado para que puedan entrar en vigor es que los decretos carecen de fundamento y generan vacíos legales.
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Gobierno pide no dejar un vació legal con abrogación de Ley Bala
Entre sus observaciones, el Poder Ejecutivo destacó que con la propuesta de los morenistas, el Estado no tendría un marco jurídico de actuación, “que se traduce en un actuar discrecional de los elementos policiales en agravio a los Derechos Humanos de particulares”.
Propuso ajustar el Artículo Segundo Transitorio con el fin de no generar un vacío legal por lo que recomendó primero, establecer nuevas reglas de actuación de los agentes policiales.
“El presente Decreto entrará en vigor una vez que el Congreso del Estado establezca nuevas disposiciones para la protección de los Derechos Humanos y el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las instituciones policiales en el Estado de Puebla y las mismas se publiquen en el Periódico Oficial del Estado”, se lee en un comunicado que envío la Secretaría General de Gobierno.
Añadió que en el marco jurídico nacional e internacional, existe la obligación del Estado para regular el uso legítimo de la fuerza pública, regular de uso de fuerza y armas de fuego por parte de los elementos de las instituciones de seguridad pública.
La ‘Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza pública’, mejor conocida como Ley Bala se echó abajo el 16 de septiembre pasado con mayoría de Morena, bajo el argumento de que violentaba los derechos humanos por permitir el uso de armas no letales, acción que causó polémica en julio de 2014 cuando en l dispersión de una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan se ocasionó la muerte del adolescente José Luis Tehuatlie.
Se viola irretroactividad de la ley con querer destituir a fiscal
En el caso de los cambios al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Ejecutivo justificó que el decreto no puede entrar en vigor debido a que viola el principio de irretroactividad al intentar quitar del cargo al nuevo titular de la dependencia, Gilberto Higuera.
El artículo 14 de la Constitución Federal señala que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” por lo que conforme a este principio, las leyes no pueden regular situaciones hacia el pasado, únicamente hacia el futuro.
“El Artículo Tercero Transitorio de la Ley que se observó es retroactivo, porque pretende afectar los nombramientos del Fiscal General y del Encargado de Despacho, que fueron generados con anterioridad a la emisión de la reforma”, se lee en la parte de las observaciones.
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También se le aclara a los diputados que las normas que se emitan, deben plasmarse en una Ley y no en un Reglamento, pues de no ser así, se viola el principio de jerarquía normativa.
Además, la reforma viola la autonomía Constitucional de la fiscalía debido a que plantea que si la ausencia del fiscal es mayor a 30 días, se considerará falta definitiva.
“Como organismo autónomo, la FGE tiene la capacidad de decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, por lo que el Legislativo no puede interferir respecto a las ausencias temporales de los servidores de ese órgano, ni determinar cuándo pueden considerarse faltas definitivas”, se indicó.
Los legisladores había modificado dicho artículo para obligar la salida de Gilberto Higuera una vez que vencieran los 30 días de licencia que pidió el anterior titular, Víctor Carrancá Bourget.
Fue el 24 de septiembre cuando a propuesta de la diputada del PRI, Roció García Olmedo, con 26 votos a favor (22 de Morena y 4 del PRI) se aprobó poner fin a un “fiscal carnal”, pues antes que terminara la pasada legislatura, también reformó para delegar al fiscal la responsabilidad de nombrar a sus sucesor cuando se ausentara más de un mes del cargo.
A prueba la capacidad de negociación de morenistas
Ahora lo que sigue es que los morenistas presenten nuevas propuesta de ley y someterlo nuevamente el pleno pero en esta ocasión ya no les bastará con su mayoría simple dino deben de lograr que al menos 27 de los 41 legisladores avalen ambas propuestas para que puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado y puedan entrar en vigor.
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